Ministro minimizó transgresiones de empresas chinas

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el crédito concedido a Bolivia por la República Popular China para la ejecución de obras de infraestructura, asciende a 2.500 millones de dólares.

Minimizó las denuncias por vulneraciones a las normas ambientales y laborales en contra de las empresas chinas instaladas en el país. 

NORMATIVA

“El trabajo como cualquier empresa se le exige que cumpla normas ambientales, normas laborales y no vemos mayor problema. Como le digo son temas culturales que a veces no se entienden pero que no revisten mayor complicación”, aseguró a ANF.

Según el titular de la cartera de Obras Públicas, hay temas que no se están aclarando como es el del cumplimiento obligatorio en temas sociales, ambientales, técnicos y económicos, para lo cual se realizan reuniones permanentes con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para realizar seguimiento a las obras a través de sus fiscales de obras y coordinadores.

“No porque una empresa china se haya adjudicado un proyecto BID se supone que no está cumpliendo temas medioambientales, ahí hay una mala interpretación, existen situaciones que por los mismos financiamientos de la misma Eximbank china se deben cumplir y ese es el compromiso previo, sino ningún financiador nos presta, ninguna entidad que nos presta recursos ya sea BID, Banco Mundial, CAF nos aprobaría un proyecto”, aseguró.

CONTRATOS “BLANDOS”

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) alertó que las empresas chinas en el país cuentan con normativa específica que les permite procedimientos “blandos” para acceder a contrataciones estatales millonarias, la mayoría por invitación directa. Los créditos financieros provenientes del EximBank de la República Popular de China lejos de ofrecer ventajas condicionan la ejecución de recursos bajo reglas propias.

El director ejecutivo del Cedib, Marco Antonio Gandarillas afirmó que el Decreto Supremo 2574 del 31 de octubre de 2015, no solo crea procedimientos y tratos extraordinarios a las empresas chinas en el país, sino que también impone a algunas instituciones estatales a aprobar y ejecutar proyectos con financiamiento chino.