Coraly Salazar Carrasco
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en un esfuerzo conjunto, con la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb) vienen trabajando en una propuesta para modificar la Ley 3.525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, que fuera promulgada el 21 de noviembre de 2006. El objetivo de esta nueva propuesta se mantiene en declarar de interés, necesidad y prioridad nacional la promoción, el fortalecimiento sostenible y regulación de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en Bolivia, pero plantea una reestructuración interna del Consejo Nacional de Producción Ecológica (Cnape), como un ente supra ministerial, una instancia estratégica de decisión, articulación, coordinación, gestión y participación para apoyar y gestionar en el establecimiento de planes, programas y proyectos, promover lineamientos de políticas, consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario y de recursos forestales no maderables ecológicos, además de modificar su composición para dar una mayor participación a las organizaciones sociales tanto de tierras altas como de tierras bajas, que son quienes practican y promueven este tipo de producción en el país.
Se espera que con esta ley modificada, la producción agroecológica en Bolivia, entendiendo lo ecológico, orgánico y biológico como términos sinónimos, se impulse y promueva de manera estratégica desde todas las Entidades Territoriales Autónomas a favor de la seguridad con soberanía alimentaria. Pese a que el deseo y necesidad de cambiar la producción convencional a una agroecológica data ya desde hace más de 10 años, los esfuerzos y acciones no han tenido el efecto deseado, y una de las mayores dificultades se puede deber a la escasa inversión en la producción de insumos orgánicos, entre ellos el abono, necesario para enriquecer el suelo y mejorar y aumentar la producción.
Y acá viene la ironía, hace algunas semanas el gobierno inauguró la Planta Petroquímica de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, en Cochabamba, a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, como una forma de consolidar la industrialización de los recursos naturales, en este caso el gas, con un costo de $us 953 millones. Dicha planta producirá por día 1.200 toneladas métricas de amoniaco y 2.100 toneladas métricas de urea granulada.
Obviamente, estos fertilizantes responden a la necesidad de la producción de mediana y gran escala en el país, mientras que los pequeños productores que pretenden impulsar la producción agroecológica, por los principios mismos de su tipo de producción, quedarán fuera de este “beneficio”.
¿Cómo es que si en la Ley del 2006 ya se declaraba la producción ecológica de necesidad e interés público por los muchos beneficios que genera, hasta el momento no se ha comenzado con la producción de bio insumos que apoyen este tipo de producción? ¿Por qué no podemos pensar en invertir parte de los recursos productivos también en una planta de producción de fertilizantes naturales o bio insumos? Este tema también debería ser parte del Plan de Desarrollo del gobierno, para que este tipo de producción, que alimenta a gran parte de la población, pueda incrementar sus rendimientos, mejorar su productividad y llegar a más pobladores.
En ocasión del VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Agricultura Ecológica y Orgánica (Elaeo) que se realizó el pasado mes de mayo en Rurrenabaque, Beni, Hugo Bosque, Asesor del MDRyT expresó que el excesivo uso de agroquímicos, fundamentalmente fertilizantes y pesticidas, está dañando el suelo y contaminando las aguas y el aire y que la sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, la degradación y a la desertificación de los suelos, la contaminación del agua y el aire y la utilización de agroquímicos están incrementando los efectos del cambio climático.
Frente a este panorama de alta degradación ambiental que vive la región y el país, la producción agroecológica proveniente de la agricultura campesino indígena es la alternativa sostenible que debía estar presente en todos los Planes de Desarrollo Territorial Integral, para conseguir el objetivo de tener una Bolivia ecológica que hasta el año 2020 aumente la producción ecológica certificada de 1,5 a 10% como se ha planteado en el PDES.
Coraly Salazar es responsable de la Unidad de Acción Política de Cipca.
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