La Autoridad de Fiscalización y Control de Agua y Saneamiento Básico (AAPS), a cargo de Humberto Claure, rechazó la propuesta de las alcaldías de La Paz y El Alto para la creación de la Unión Metropolitana del Agua (UMA), aduciendo que no le eran suficientes 15 días para el estudio del caso y que para garantizar el suministro del líquido elemento se requiere una empresa “legalmente constituida”. Con esos argumentos decidió, a la vez, prorrogar por un año la intervención ejercida por Epsas.
Las dos alcaldías habían complementado su proyecto subsanando las observaciones y aclaraciones requeridas anteriormente por AAPS que, como se ve, de nada sirvieron. La prolongación del manejo del agua a cargo de Epsas no es una buena noticia por la falta y escasez del vital recurso que sufrieron La Paz y El Alto el 2016 y comienzos de este año. La resolución de rechazo a la propuesta de creación de UMA se debe en gran medida a la postura obstruccionista asumida por las alcaldías de Pucarani, Laja, Viacha, Palca, Mecapaca y Achocalla, obedientes a la consigna masista de boicotear las gestiones opositoras de las dos administraciones municipales mayores, según pone en evidencia una serie de precedentes actos conocidos, además, no en vano el principal de AAPS firmó la señalada resolución en Pucarani.
Los indicados 6 municipios menores manifiestan también su desacuerdo con que los “activos” de Samapa sean afectados a UMA, postura carente de toda lógica desde que se trata de un patrimonio paceño creado gracias a un financiamiento alemán y al aporte de la ciudad del Illimani, la misma que pagó dicho empréstito. Por ello, la población paceña es la que sobrelleva el peso de la intervención del Gobierno a costa de la capacidad instalada de Samapa. Epsas no paga retribución por este uso o usufructo. Por su parte Pucarani, Laja, etc., remataron propugnando la intervención indefinida del gobierno a través de las lamentables experiencias dejadas por Epsas.
El primer obstáculo sobre un emprendimiento metropolitano, emergió de las referidas alcaldías menores cuando pretendieron igualdad de voto y gestión en el manejo de la posible empresa del agua, sin reparar las dimensiones de población, recursos y demás aportes constitutivos.
Faltando a una política natural que debiera ostentar toda institución, dichos antecedentes demuestran que se deja de lado el celo por la promoción de eficiencia y administración honesta de los organismos públicos, favoreciendo la continuidad de Epsas. Se debe tener presente que las restricciones de agua pasadas originaron promesas del Gobierno de investigación de Epsas, investigación que sus actuales ejecutivos -se dice reciclados- han desechado u olvidado.
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