Caso Achacachi
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, ratificó ayer que el dirigente de los Ponchos Rojos, Modesto Clares, fue secuestrado y víctima de torturas durante su permanencia en los bloqueos que realizaban los pobladores de Achacachi, hecho que propició la aprehensión y posterior detención preventiva de los dirigentes vecinales Elsner Larrazabal y Pedro Villca.
“Según el examen médico forense, Clares tenía varios días de impedimento, incluso habría sido vejado y torturado en el lugar del bloqueo y obligado a decir que estaba por voluntad propia en el bloqueo”, informó la autoridad en contacto con los medios.
El pasado 12 de septiembre, el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, denunció que el dirigente de los Ponchos Rojos fue conducido contra su voluntad hasta la comunidad de Cúcuta, lugar donde los vecinos de Achacachi realizaban el bloqueo en la carretera hacia Copacabana.
Tras conocerse el hecho, los medios se dirigieron hasta el lugar para constatar la denuncia, y en el sitio Clares aclaró que no estaba secuestrado y que se mantendría en el lugar apoyando la medida de protesta de los movilizados que exigían la liberación del dirigente vecinal, Snor Condori, y los profesores Gonzalo Laime y Pastor Salas, además de la renuncia del alcalde Edgar Ramos acusado de cometer actos de corrupción.
Semanas después se pudo conocer que Clares cambió su versión durante la comparecencia que hizo ante el Ministerio Público sobre su presunto secuestro, proceso que se inició tras la denuncia de la familia del dirigente indígena.
“Ayer (jueves) se ha dado curso a la audiencia de medidas cautelares de los señores Larrazabal y Villca, dirigentes que encabezaban el bloqueo y que se les ha responsabilizado por el secuestro y la privación de libertad del señor Modesto Clares” indicó Quiroga.
La jornada del jueves, el juez cuarto cautelar de El Alto dictaminó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de los dirigentes vecinales ante la indignación de los vecinos achacacheños que ya anunciaron que llamaran a un cabildo para determinar las medidas en respuesta a una detención calificada como política. (ANF)
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