No somos un país confiable

La alta jerarquía del MAS -sobre todo S.E. y el Vicepresidente- afirma que Bolivia nunca transitó por un momento mejor a lo largo de toda su historia y que hacía falta que un indígena como S.E., con conciencia social y amor por el pueblo, tomara las riendas de la nación para salvarla de una muerte segura.

Sabemos que hubo una catarata de dólares proporcionadas por el gas, desde el año 2006. De que S.E. es un hombre afortunado, no hay duda por cierto. Y no se debió su suerte a los ritos ni a las humeantes “mesas” aymaras, sino a los gobiernos “neoliberales” anteriores a él, que descubrieron grandes yacimientos gasíferos, firmaron buenos contratos internacionales de compra-venta, y le dejaron la mesa servida a S.E. para que se diera un banquete.

La pena es que teniendo todo eso a su favor, S.E. no tuviera el tino, formación, ni la experiencia suficiente para poder gobernar en un estado de derecho tal como se lo conoce universalmente. Y al no haber podido hacerlo porque atropelló la Constitución y no cumplió con las leyes, nos encontramos hoy con una Bolivia que sobrevive, que come poco, pero que ha perdido la confianza de una comunidad de naciones que estaba impresionada por su engañoso crecimiento económico e interesada de saber cuáles eran las seguridades para invertir en esta tierra siempre tan complicada.

Aunque el Gobierno envíe a la OEA a sus funcionarios más elocuentes y persuasivos -al parecer la diputada Montaño y el ministro Arce Zaconeta- para convencer inútilmente de que la re-re-reelección de S.E. es legal, el hecho de promover un cambio radical en la interpretación sesgada de aspectos tan importantes como la elección presidencial, va a resultar nefasto. Si no se respeta lo fundamental, la Constitución y las leyes, ¿cómo se va a respetar las reglas del juego con el comercio y las inversiones que, sin duda, son menos relevantes?

De ahí que la demanda de inaplicabilidad de algunos artículos de la Carta Magna que han planteado parlamentarios y militantes del MAS ante el Tribunal Constitucional, deben estar siendo vistos con cautela y desconfianza por las empresas o los potenciales inversores extranjeros, que se asombran de lo que sucede.

Por otro lado, hasta los muy buenos antecedentes que pudieran tener las instituciones o empresarios privados nacionales, caen al vacío, ya que todo el mundo sabe que, al final de cuentas, son las políticas de los estados las que permiten que los empresarios cumplan o no con sus obligaciones y contratos. ¿Qué se puede esperar donde impera un Estado informal y hasta cierto punto caótico?

El primer impacto que puede surgir es, naturalmente, la calificación de “riesgo país” de Bolivia, que otorgan las instancias encargadas de realizar dichas calificaciones. Esos datos son tomados muy en cuenta por los bancos, organismos internacionales de financiamiento, proveedores de equipamientos y de servicios, y por los inversionistas en general.

Si somos conscientes que los inversionistas evalúan detenidamente los riesgos que les significa traer capitales al país, sin duda que evitarán hacerlo ante este flagrante desconocimiento de la institucionalidad, o lo harán exigiendo condiciones de tal ventaja que resultará altamente inconveniente para los bolivianos.

Ante políticas de Estado tan cuestionables y cambiantes, como llamar a un referéndum para la reelección consecutiva de S.E. y el Vicepresidente, para luego, ante la derrota, buscar desesperadamente otra salida para el mismo fin, hace ver claramente para quien quiera enterarse, que en Bolivia no se tiene respeto a nada.

Resulta incomprensible a todas luces que, para salvar la situación, el MAS no postule a otro candidato que no sea S.E., que seguramente ganaría las elecciones, si fuera cierto aquello del inigualable éxito que han tenido sus dizque trascendentes e históricas medidas de gobierno.