Siete empresas estatales bajo fiscalización de opositores

Al menos, siete empresas estatales están bajo la fiscalización de los opositores con la finalidad de establecer si tienen estabilidad en los mercados y generan ganancias a favor del Estado. Pusieron de ejemplo el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que desde su nacionalización se encuentra sumida en presuntos hechos de corrupción.

Las empresas Papelbol, Cartonbol, Quipus, YPFB, Entel, Enatex y la Agencia Espacial Boliviana (ABE) son las empresas que son fiscalizadas por asambleístas opositores, de un total de 63 creadas durante el gobierno de Evo Morales, según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Sin embargo, a la fecha esta entidad no detalla en su portal oficial la lista de las 63 empresas públicas citadas, pues hasta el 2014, se registraban poco más de 20, entre nacionalizadas y creadas.

EMPRESAS

En el caso de las empresas que están bajo la gerencia del servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, están Papelbol, Cartonbol y Quipus, esta última solo generó Bs 5.239.628, equivalente al uno por ciento de utilidad en dos años de operaciones.

Ante esto el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, manifestó que en ambos casos se están solicitando peticiones de informe escrito, sobre los gastos de operaciones, costo total de la planta, convenios con empresas o instituciones para promocionar los productos que elaboran.

“Uno de los desafíos que tenemos es saber qué está pasando con las empresas que puso en marcha el Gobierno, que supuestamente serían estratégicas, además queremos saber si los recursos invertidos en estas empresas se van a recuperar”, explicó Barral.

QUIPUS

El Estado invirtió en el proyecto Quipus Bs 474 millones y en dos años de operación la ensambladora de celulares y computadoras portátiles, solo pudo declarar un resultado neto de Bs 5.239.628, es decir, el uno por ciento de utilidad, según un informe de la empresa firmada por su gerente, Freddy Murillo, a petición del parlamentario Barral.

A fin de conocer una opinión al respecto, se ingresó a la página web de Quipus donde solamente se pudo encontrar balances comparativos del año 2014 - 2013 y 2015.

CARTONBOL

La empresa fue inaugurada en agosto del 2010 en la población de Vinto del departamento de Oruro, con una inversión de Bs 50 millones, se tenía previsto generar ingresos anuales por Bs 40 millones.

El gerente de la empresa, Arturo Moscoso, destacó que el incremento de las utilidades en 2015 ascendió a los Bs 356 mil y en 2016 esa cifra subió a Bs 489 mil.

PAPELBOL

La planta de Papelbol está ubicada en la zona El Castillo, en el municipio de Villa Tunari de la provincia Chapare de Cochabamba. Empezó a trabajar el 29 de agosto de 2013. La estructura demandó una inversión de Bs 175 millones. Para su funcionamiento, cuenta con un capital de operación de, aproximadamente, Bs 130 millones.

La empresa recibió el 1 de octubre la certificación de calidad ISO 9001 por el proceso de fabricación con papel reciclado, según Patricia Ballivián, gerente del Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (Sedem).

SATÉLITE

Por otra parte, Barral manifestó que también están solicitando una petición de informe escrito al Ministerio de Obras Públicas para que detallen si la implementación del satélite Tupac Katari (TK-1) logró alcanzar las metas de mejorar el servicio de telefonía móvil, internet y tv cable.

Según informe de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), solo se logró llegar al 70 por ciento de la capacidad del satélite y en cuatro años más se prevé usar el 100 por ciento de su espacio.

ENTEL

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) estaría en vuelta en presuntas irregularidades, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en Diputados, Wilson Santamaría, denunció que cometió anomalías y direccionó en la contratación de la empresa china Huawei para la provisión de Routers LTE (producto de hardware que permite interconectar computadoras que funcionan con una red de internet), después de dejar sin efecto un contrato con otra compañía.

YPFB

En el caso de YPFB, desde su nacionalización se generaron presuntos hechos de corrupción.

En el último año, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz denunció sobre la adjudicación de taladros a la empresa italiana Drillmec, donde se produjo irregularidades en el proceso de contratación, y se identificó a 19 implicados de los cuales solo siete fueron sometidos ante la justicia, entre ellos el expresidente de la institución, Guillermo Achá.