Anulación de elección de 1951 causó la revolución del 9 de abril

El desconocimiento de la posición política y la voluntad del pueblo tiene siempre nefastas consecuencias, más aún cuando se realiza con conocimiento de causa. Se trata de una norma establecida por el desarrollo histórico de los pueblos.

Tal es el caso de la negación y anulación de las elecciones de mayo de 1951, ganadas por un partido opositor. En esa oportunidad, la Junta Militar de Gobierno anuló el plebiscito y el Capitán General dimitió el poder en manos del Ejército. Éste, a la par, dictó una Orden General, por la cual fueron designados como Presidente de la República, el Gral. Hugo Ballivián, y el gabinete ministerial. El acto fue denominado “El mamertazo”.

Pero el suceso no terminó ahí. Estaba empezando. En efecto, el desconocimiento del triunfo del candidato opositor (Víctor Paz Estenssoro), produjo tan profundos efectos que el pueblo se sintió humillado y disgustado, reacción natural que, sin embargo, fue ignorada por el gobierno y vista con prepotencia y desprecio.

Pero ahí no paró la carrera de errores, pues el gobierno militar, enceguecido, se empecinó más aún y así encendió la mecha unida al barril de pólvora sobre el que se había sentado al desconocer la voluntad popular.

En efecto, la Junta Militar, después de reconocer que su primera misión era convocar a elecciones, empezó a maniobrar con el fin de prorrogarse indefinidamente en el poder, tanto para prorrogar la existencia de un régimen caduco y corrupto como atender sus intereses.

La iniciativa continuista del presidente Hugo Ballivián, apoyada por la mayoría de los ministros, sirvió solo para echar leña al fuego de la protesta popular y no menos del partido que ganó las elecciones y que con justa o injusta razón, se lanzó a la conspiración.

Entre tanto, el gabinete presidencial también registraba diferencias internas y el Ministro de Gobierno (Gral. Antonio Seleme), partidario de llamar a elecciones, demandó el cumplimiento de la promesa electoral para evitar así un suceso de grandes proporciones que se veía venir.

Pero la Junta Militar se empecinó y quiso prorrogarse en el poder ad libitum, lo que condujo a una crisis política de proporciones incalculables, que precipitó la revolución popular del 9 de abril de 1952, que barrió no solo con el gobierno de la Junta Militar, sino con todo el aparato estatal hasta entonces dominante que tenía como fin mantener al país bajo la corrupción de un desgobierno antinacional y antidemocrático, sin rumbo ni destino conocidos, todo por el empecinamiento prorroguista de la camarilla insensible y satisfecha que le rodeaba.