La angustia de las urnas

El recorrido del gobierno para consolidar su ruta hacia la re3 (tercera reelección) para luego conferirle un carácter indefinido se ha vuelto más espinoso tras las concentraciones del 10 de octubre en todo el país. Con miles de ciudadanos en las calles, las demostraciones exhibieron para el presidente y la cúpula gobernante que una gran parte de la ciudadanía quiere respeto al ordenamiento constitucional y repudia la noción del líder único indispensable para regir la nación.

Los observadores coinciden en que las concentraciones del martes son una muestra de la urgencia que se siente en el país por un cambio de líderes, y el reclamo por una administración austera y responsable. Lo ocurrido el martes no podrá ser ignorado por el Tribunal Supremo de Justicia que en días más deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pretensión de una re3.

La presión indudable que ahora existe sobre la máxima institución de la justicia, que gran parte de la ciudadanía percibe como dócil a los requerimientos del gobierno, es incompatible con la noción de que los jueces deben decidir libres de presiones.

A esta coyuntura se ha llegado tras la aceptación que hace dos semanas anunció el tribunal de considerar la demanda del partido de gobierno para dejar sin efecto los preceptos constitucionales que prohíben una nueva reelección del presidente Evo Morales. Esta aceptación acentuó el desaliento de quienes aún quieren creer en la imparcialidad de los jueces supremos. La expectativa sobre el fallo que debe pronunciar el Tribunal es creciente por las actitudes del propio presidente, quien en otras ocasiones aseguró que no volvería a candidatear y que al final del período de gobierno en curso se iría a cultivar su hato de coca en el Chapare.

La coyuntura ha agravado la impresión de muchos de que gobiernos del Socialismo del Siglo XXI solo ceden poder si se les arranca con avalanchas de votos. El régimen de Nicolás Maduro ha resistido incluso a la derrota legislativa de 2015, y se las arregló para conservar su poder apoyado en la fuerza militar. En las elecciones regionales de este domingo, en Venezuela están en juego las 23 gobernaciones del país. Con índices de aprobación de 20-25 por ciento, no es mucho lo que Maduro y su partido podrían esperar, pero habrán logrado una tregua que, por todo lo visto, puede ser muy efímera.

Una razón principal por la que dirigentes del Socialismo Siglo XXI se aferran al mando puede yacer en tropelías cometidas en el ejercicio ilegal de ese poder y el temor a rendir, algún día, cuentas ante una justicia cuyas reglas nunca sospecharon que podían volcarse contra sus propios diseñadores.

La semana antepasada el gobierno nacional quemó uno de sus últimos cartuchos cuando no consiguió ningún respaldo en la OEA para la original tesis de que al presidente Morales se le violan sus derechos de ser humano a través de la CPE de 2009, algunos de cuyos artículos prohíben la reelección que buscan el mandatario y su partido. La oposición ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si es correcta la interpretación del gobierno que asegura que la CPE interfiere los derechos humanos del presidente al impedir su re3. La corte deberá dar su veredicto en las semanas próximas.

El empeño reeleccionista amenaza con restar brillo a la gestión del presidente y afectar áreas no vinculadas necesariamente a sus acciones internas. No son pocos los que creen que tras ese empeño yace un temor al futuro. Salvo algún pacto nacional creíble, nadie estaría en condiciones de garantizar, en los límites nacionales, un retorno no traumático de los hombres del gobierno a la vida fuera del poder. En eso estriba la angustia de las urnas presente en los últimos regímenes de la izquierda del Siglo 21.

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