Cataluña

España vive su peor crisis política desde la transición iniciada tras la muerte de Franco, en 1975, por obra de políticos irresponsables que han llevado sus ambiciones a extremos tales que como la vulneración de su Constitución, del estatuto autonómico de Cataluña y de su ley electoral, además de otras.

El propósito no es otro que el de constituir un estado independiente en Cataluña, hecho a imagen y semejanza de sus mentores, los Pujol, hoy acusados de malversación de fondos, lavado de dinero, apertura de cuentas en paraísos fiscales y un largo etcétera de ilícitos que tienen que ver con el saqueo de fondos públicos.

Sus sucesores -Artur Mas, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, entre otros- son, como aquéllos, parte de oligarquías políticas de esa Comunidad Autónoma del noreste de España, cuyo pueblo, en palabras del propio Junqueras, sería superior racialmente al resto de los españoles.

Y para el efecto no han tenido mejor idea que aliarse con su contracara: la CUP (Candidatura de Unidad Popular), una fuerza de izquierda antisistema que busca sacar a Cataluña de España, la Unión Europea (UE) y la OTAN, y formar un estado de alcances desconocidos.

El resultado de su acción conjunta es el referéndum ilegal realizado el 1 de octubre, donde el SÍ a la independencia respecto de España se habría impuesto por el 92% de los votos, según unos resultados presentados ese mismo día en el que el total de votos sumaba más del 100%.

Algo más de 2 millones de votantes habrían acudido a las urnas de más de 5 millones de habilitados. Esto implica que sólo un 38% de los posibles votantes habrían sufragado, lo cual, con ser una participación baja es incluso mucho mayor que la estimada por el gobierno de Mariano Rajoy, que ha denunciado que las urnas fueron llenadas con anticipación.

La consecuencia es que desde ese día alrededor de 40 empresas de primera importancia, entre ellas los dos bancos más grandes de Cataluña -CaixaBank y Sabadell-, han decidido sacar sus sedes sociales y fiscales de esa tierra y fijarlas en otras comunidades de España. Según informes preliminares de la publicación Libertad Digital, si se cuenta a las empresas medianas y pequeñas que han hecho lo mismo, sumarían 367.

El efecto, en el mejor de los casos, sería una pérdida del 20% del producto interno bruto de Cataluña, que a su vez representa una porción similar de la economía española en su conjunto. Pero a largo plazo los daños para Cataluña serían mucho mayores.

Este hecho condujo en días recientes a que el presidente de la Comunidad catalana, Puigdemont, firmara el martes un documento que declara independiente a esa entidad territorial y, al mismo tiempo y paradójicamente, suspende las consecuencias de la independencia en busca de “diálogo y mediación internacional” con el gobierno de Rajoy.

Pero Rajoy ha contestado con una conminatoria a que Puigdemont aclare si ha declarado oficialmente independiente a Cataluña y la rotunda negativa a una eventual mediación y a un diálogo como el que plantea el presidente catalán, cuya condición inexcusable es que se reconozca la independencia de ese territorio.

Además, Rajoy, en acuerdo con el opositor Partido Obrero Español (PSOE), ha planteado abrir la Constitución y buscar un nuevo “encaje” para Cataluña dentro del Estado español. El PSOE propone como solución la federalización del país, pero en los hechos la federalización difícilmente satisfaga al separatismo catalán, puesto que las competencias de que goza esa comunidad autónoma son mayores que las propias de un estado federal.

Entretanto, la televisión estatal boliviana ha manifestado su entusiasmo con el proceso secesionista. Pero ¿qué haría el gobierno si mañana alguna región boliviana tomara como precedente el caso catalán para reclamar su propia independencia?

Es el costo que paga Bolivia por entregar sus instituciones a extraños que llegaron con agenda propia, lejana a los verdaderos intereses y necesidades del conjunto del país. Tal como actúa el separatismo en España.