Los obispos de la Iglesia Católica, conforme a los principios evangélicos, cumplen su misión de mostrar preocupación por el bien común y, al considerar todo lo que pudiese afectar a una convivencia pacífica de todos los bolivianos, muestran angustias y condena a quienes, contrariamente a la Constitución y las leyes, buscan conculcar derechos tergiversando los textos constitucionales. Es dentro de esta misión que han lanzado un comunicado advirtiendo total “desacuerdo con el peligro de dañar al sistema democrático en que vivimos los bolivianos desde el año 1982”.
Así, muestran indignación por la intención del Presidente de la República para mantenerse indefinidamente en el poder, desconociendo los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo expresó su total negativa a una posible postulación para prorrogar su mandato en elecciones del año 2019. Partes sustantivas del documento de la Conferencia Episcopal señalan: “Este hecho constituye un grave daño a la democracia y desconoce la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que cerró la posibilidad de modificar la Carta Magna para una nueva postulación del Jefe de Estado”.
Añade el documento: “Por ello, como Iglesia Católica en Bolivia, al igual que la mayoría de los bolivianos, nos preguntamos: si se da curso a los supuestos derechos políticos ilimitados de los actuales gobernantes, ¿dónde quedan los derechos de los millones de bolivianos que rechazaron esa opción en referéndum? ¿Dónde quedan la normativa y jurisprudencia, tanto nacional como internacional que han respetado en todo momento las reglas de la democracia vigente en el Estado?”.
La posición de la Iglesia es clara, categórica y terminante al ser coincidente con el criterio de la mayoría de la población que se ha sentido contrariada por la admisión del Tribunal Constitucional de consolidar mediante un recurso judicial la relección indefinida del presidente Evo Morales. “Este hecho, dicen los obispos, puede llegar a socavar la credibilidad y legitimidad de las autoridades y las instituciones llamadas a preservar la salud democrática y podría colocar al país en una situación de vulneración del orden constitucional de imprevisibles consecuencias”.
La persistencia del Presidente, del vicepresidente y su partido es contraria a todo principio legal y moral y nadie, en todo el territorio nacional, estaría dispuesto a apoyar que las autoridades que actualmente ejercen cargos importantes en el país creen las condiciones para hacerlo indefinidamente, porque ello implicaría renegar de la democracia e implantar no solamente un gobierno dictatorial sino tiránico, porque tendría que imponer lo ilegal mediante la fuerza.
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