Cochabamba
Cochabamba.- La Alcaldía retomó la demolición de ladrilleras en la zona del aeropuerto, al sur de la ciudad, con el propósito de reducir la contaminación atmosférica que generan los hornos artesanales que funcionan en la zona.
A pesar de la advertencia del municipio para que paralicen sus actividades, los hornos siguen funcionando. Sin embargo, dos de 71 se acogieron voluntariamente a la demolición para suspender los procesos penales que la Alcaldía inició en su contra por daño ambiental.
El director de Asuntos Jurídicos, Edwin Paredes, aseguró que hasta diciembre se tienen programadas 11 demoliciones más. “En 2016 teníamos 157, ahora tenemos 71. Los productores están decidiendo cambiar de rubro, ha habido avance”, dijo.
La responsable de Gestión Atmosférica de la Alcaldía, Jaqueline Jaimes, explicó que con estos 13 hornos se podrá reducir un 10 por ciento de la contaminación.
En algunos terrenos donde funcionaban hornos ahora existen construcciones nuevas. Sin embargo, el municipio informó que para que las construcciones sean legales se necesita la aprobación de los planos y cambio de uso de suelo.
“Ahora va a haber trabajo para los albañiles porque estaban hablando de hacer sus casas donde tenían la fábrica”, dijo un inquilino de la zona.
Rosmery Fuentes pidió a la Alcaldía equipamiento para que la zona llegue a ser residencial. “No es sólo que digan que ‘demuelan’; en las tres OTB no hay mercados, no hay escuelas, no hay centro médico”, reclamó.
Por su parte, el dirigente Félix Maita indicó que la decisión de demoler los hornos de algunos ladrilleros se debe a la intimidación de la Alcaldía. “Los socios están siendo intimidados y engañados, se induce a que demuelan para levantar los procesos, pero al final siguen enjuiciados”, dijo.
La Alcaldía inició 41 procesos contra productores: atentar contra la salud, explotar de forma ilegal minerales, la compra y venta ilegal de recursos minerales y atentado al medioambiente.
Sólo a metros de las fábricas que estaban siendo derrumbadas, otras dos funcionaban con combustible de aserrín, cal y cuero. El propietario mostró una boleta de pago de 20 bolivianos a su cooperativa que autorizaba la quema. Paredes aseguró que ninguna ladrillera tiene permiso para funcionar.
RESTRICCIÓN
Aunque se determinó que el parque automotor es el responsable del 90 por ciento de la contaminación y las acciones de control no avanzan.
El concejal Edgar Gainza (Demócratas) señaló que a la propuesta de la Asociación de Radio móviles de Cochabamba (Aramco) de aplicar la restricción general no contaba con un proyecto para la modificación de la ley, por lo que aún está paralizada. (Los Tiempos)
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