La confianza del público en el sistema financiero nacional ha sufrido un impacto de intensidad con motivo del fraude del Banco Unión, en el cual un grupo de funcionarios, cuyas redes están en investigación, se apoderó de cerca de seis millones de dólares o sea un equivalente a 40 millones de bolivianos.
Ese desfalco adquirió magnitud demoledora porque se produjo en una entidad bancaria estatal de importancia, en la que el Estado Plurinacional es el accionista mayoritario (97,42%), así como en momentos en que en medios oficiales proclaman la lucha contra la corrupción, campañas de seguridad anunciadas por entidades oficiales, la estabilidad económica, etc.
Lo ocurrido en el Banco Unión (además de Prodem y desfalco al Ministerio de Defensa) poco menos que a la vista de sus directivos y la Autoridad financiera (Asfi), significó de inmediato que la ciudadanía pierda confianza no solo en el Banco aludido sino también en todo el sistema bancario, por el peligro que corre la pérdida de una base fundamental para equilibrar las relaciones sociales y económicas y no menos las políticas.
Una malversación de la magnitud descubierta afectó a un sector estratégico de la economía nacional, por el cual circulan los recursos financieros que se originan en la actividad económica nacida en los ahorros de la población, los medios de pago y otras tantas transacciones que realiza una entidad bancaria. En esa forma, en lógica deducción de la opinión pública, el fraude descubierto “perforó la estabilidad y credibilidad” no solo del Banco Unión, sino de todo el sistema financiero del país.
La malversación aludida tiene, además, agravantes, pues se produjo con el conocimiento de los riesgos operativos y de fraude existentes en toda clase de entidades, así como las permanentes amenazas de la Autoridad Financiera, la vigencia de disposiciones legales y el insistente anuncio de lucha contra la corrupción, la seguridad económica del Estado, etc.
El hecho de que se trate de justificar ese millonario fraude con el argumento baladí de que “el monto extraído de Bs. 37,690 “solo” significa el 2 por ciento del patrimonio de esa entidad bancaria” y que un ex Ministro diga que el fraude fue “insignificante” no reducen el carácter delictivo del acto. Así mismo anuncios en sentido de que, en adelante, la “vigilancia será más rigurosa” y se aplicará medidas “mucho más severas” no harán posible que el público ahorrista recupere la confianza en el sistema financiero estatal.
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