Democracia en el país, ¿gravemente amenazada?

Como nunca en 35 años, la Democracia en nuestro país se encuentra gravemente amenazada por algo que es insólito: creer, por parte del gobierno y su partido, que el Tribunal Constitucional declare la “no aplicabilidad de la Constitución en vigencia”. Tan sólo el hecho de pedir que el Tribunal Constitucional -que debe velar en todo momento y sentido por la vigencia y respeto de la Constitución- la viole, la desconozca y la altere conforme a conveniencias político-partidistas.

En 35 años de vida democrática no se ha tenido que lamentar, pese a la falta de institucionalidad de los últimos once años, que se pretenda atentar tan flagrantemente contra la Ley de Leyes. Cuando se reinstaló el sistema democrático el 10 de octubre de 1982, jamás se pensó que un gobierno constitucional vaya en contra de la Carta Magna; siempre se creyó que se respetaría lo que es guía y norma para los gobiernos y los pueblos; pero, más pueden los intereses personales, los de partido y las conveniencias de mantenerse en el poder de la nación en forma indefinida, que la vigencia de las leyes y la debida aplicación y cumplimiento de lo que el pueblo diga y vote como lo hizo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 en que decidió, clara y terminantemente, que NO se puede permitir la modificación del artículo 168 de la CPE que prohíbe al Presidente postularse para un período de otros cinco años.

Los resultados del referéndum de 2016 que niegan la reelección del Presidente y su acompañante en las elecciones de 2019 han dado lugar a que tanto él como su partido MAS decidan “encontrar, como sea, un medio o sistema para la repostulación, previo desconocimiento del referéndum del 21F y, además, recurriendo al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional lo que rige constitucionalmente. Para “conseguir mejores resultados”, se ha acudido a la OEA a objeto, seguramente, de que dé razón al gobierno juzgando el caso como derecho humano; pero, el fracaso de la gestión ha sido total y contundente.

La comunidad nacional en su mayoría está en contra de una nueva postulación y hasta en círculos internacionales e condena la intención de seguir indefinidamente en la presidencia y es así cómo el comentarista internacional y periodista de gran prestigio, Andrés Oppenheimer, ha comentado y en algunos párrafos señala: “…hay un creciente escándalo político en Sudamérica que está pasando casi inadvertido: la candidatura inconstitucional del presidente boliviano Evo Morales a un cuarto mandato. Los argumentos de Morales para eternizarse en el poder son tan ridículos que serían graciosos si todo esto no estuviera sucediendo en uno de los países más pobres del mundo”. Añade en otro párrafo: “después de casi doce años en el cargo y una larga lista de abusos de poder, el nuevo intento de Morales de cambiar una vez más su Constitución e invalidar el referendum de 2016 merece una condena internacional. Su intento de violar el estado de derecho es una vergüenza, y su argumento de lo que hace en nombre de sus derechos humanos es un insulto a la inteligencia”. Se refiere también a la elección de la Sra. Merkel en Alemania y dice: “A diferencia de Morales, Merkel no hace construir museos sobre sí misma. Morales recientemente inauguró un museo de 7,1 millones de dólares para glorificar la historia de su vida, con una estatua de tamaño natural de si mismo en su pueblo natal de Orinoca. A diferencia de Morales, Merkel no ha exiliado a sus rivales políticos ni hostiga a los medios independientes ni a grupos de derechos humanos”.

Infinidad de criterios y opiniones de entendidos se conocen y, así el caso del Dr. Alberto Solares Gaite cuyo artículo titulado: “Aberración Jurídica y democrática” (transcrito en buen artículo por el Ing. Flavio Machicado S. E.D. 3/10/17), señala: “Los derechos políticos no pueden constituir monopolio de nadie. Pretender, a cualquier costo, mantenerse indefinidamente en el gobierno equivale a desconocer el principio de alternabilidad que es uno de los pilares de la democracia. En la medida que se prolonga el ejercicio de poder, lo demuestra la realidad política, degenera en despotismo, centralización de los poderes públicos, destrucción institucional, represión política por la vía judicial, culto a la personalidad, corrupción desmedida, abuso de poder y finalmente tiranía”. Dice finalmente: “Si se revisa las 12 competencias conferidas al Tribunal Constitucional por la CPE, no se encuentra ninguna que lo autorice a declarar la inaplicabilidad de normas de la propia CPE, lo contrario se trataría de una usurpación de soberanía”.

La persistencia por conseguir la repostulación para las elecciones de 2019 adquieren ya carácter enfermizo y, para la opinión pública tanto nacional como internacional, no habría otro objetivo que llegar a ejercer indefinidamente el poder. En el entender popular la respuesta es simple: Hay mucho que cubrir de un pasado que no fue lo que el país esperaba y que ha causado tanto decepciones como frustraciones y amarguras”.

Todo abre caminos para la preocupación por lo que intenta el partido de gobierno y, si sus resultados le son favorables, querría decir que efectivamente la democracia está en serio peligro y, si ella corre los senderos de un crecimiento de la ilegalidad, querrá decir que hasta la esperanzas del pueblo han sido pisoteadas en nombre de intereses y ambiciones creados. El país tendría que estar preparado para una larga dictadura y para el agravamiento de falta de gestión en la administración, casi ninguna lucha contra la corrupción y el narcotráfico, gasto desmedido de los dineros públicos, y, lo más grave: pérdida de credibilidad hacia el país por parte de organismos internacionales y posibles inversionistas. Así los hechos, es de esperar que los bolivianos no tengamos que decir: ¡Me duele Bolivia! parafraseando a Dn. Miguel de Unamuno que, ante el caos por la guerra civil española, dijo: “Me duele España”.