Fiscales no firmaron orden de aprehensión a socios de Pari

Los miembros de la comisión de fiscales que investigan el desfalco millonario al Banco Unión no firmaron las órdenes de aprehensión contra los seis denominados "socios" de Juan Franz Pari, el principal imputado. Ante este hecho, la juez del caso falló en su favor el incidente de la aprehensión ilegal, según informaron abogados de los implicados.

El pasado 12 de octubre, fueron sometidos a medidas cautelares otras 11 personas: Jorge Mercado, Nelson Quisbert, Rommel Paredes, Eduardo Pinto, Jorge Hurtado y Javier Vásquez, todos presuntos socios de Pari, a los que la juez primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthya Delgadillo, determinó enviar con detención preventiva.

En la misma audiencia, también se determinó enviar a la cárcel a tres de los familiares de Pari: Nancy Mamani (madre), Carolina del Coral Jerez (esposa), Juan Gabriel Pari Mamani (hermano), mientras se concedió la detención domiciliaria de María Fernanda Jerez (cuñada). Y por último al astrólogo Miguel Ángel Antezana, también al penal de San Pedro.

SOCIOS

De acuerdo con la explicación de Andrés Zúñiga, abogado de Rommel Paredes, una vez conocido el escándalo y los delitos por los que se había enviado a la cárcel a Pari, su cliente y los otros cinco supuestos socios se presentaron de manera voluntaria ante la Fiscalía, para colaborar con la investigación.

Zúñiga manifestó que esa presentación se la realizó con el patrocinio del abogado Luis Vargas, y que a los seis se les tomó declaración en calidad de "testigos".

"Él (Rommel Paredes) fue voluntariamente como testigo. El Ministerio Público lo acepta como testigo, recibe información de mi cliente como testigo, pero luego, el olvida la protección al testigo, el resguardo que este merece, (...) una vez que termina la declaración como testigo, lo sindican y pretenden tomar la declaración como sindicado y cuando le preguntan si él va a declarar o se va acoger al silencio, mi cliente decide acogerse al silencio", manifestó Zúñiga a EL DIARIO.

Sin firma de ficales

De acuerdo con datos obtenidos por nuestro medio, se conoció que el fiscal departamental, Edwin Blanco, había tenido contacto con el abogado Vargas para coordinar la presentación voluntaria de los seis implicados, indicando su predisposición para declarar, pero una vez en la fiscalía, el panorama cambia y los aprehende.

Más tarde, luego los seis rechazan declarar como sindicados o investigados, todos se acogen a su derecho al silencio.

Pero para aprehenderlos, se verifica que las órdenes carecen de la firma de los fiscales.

El hecho es denunciado ante la juez Delgadillo en la audiencia de medidas cautelares mediante un incidente de aprehensión ilegal, mismo que es favorable a los seis.

“Durante la audiencia, se dijo a la juez que el fiscal había incumplido sobre la formalidades del protocolo, además que el mandamiento de aprehensión no estaba firmado por los fiscales, la resolución, no tenía fundamento", detalló Zúñiga.

Hecho ilegal

El abogado, que tomó la defensa de Rommel Paredes horas antes de la audiencia, manifestó que el fallo de la juez Delgadillo les fue favorable, lo extraño fue que la juez resolvió al final, de manera conjunta las medidas cautelares y el incidente.

Si bien el fallo de la medida cautelar fue negativo y los socios fueron enviados a la cárcel, Zúñiga manifestó que la resolución estuvo manifestada sobre un hecho nulo e ilegal.

"El Ministerio Público equivocó el camino, entendemos que hay premura, mora procesal, pero también había cuatro fiscales para este caso y no se les puede explicar a los cuatro, firmar una orden de aprehensión, o que el testigo para cualquier hecho, es importante su protección, el testigo no puede ser traicionado, hasta en la guerra hay códigos que se deben respetar", manifestó el jurista.

APELACIONES

En esta línea, la declaratoria de la aprehensión ilegal favorable para los seis imputados, fue apelada por la Fiscalía.

Y en el caso de las medidas cautelares, la resolución fue apelada por los imputados y en ahora se prevé que se den dos audiencias de apelación en instancias superiores.