Demandan más atención y responsabilizan al Gobierno

Mientras, la diputada Susana Rivero (MAS) sugirió que se activen mejor los sistemas de inteligencia en el departamento de Beni para combatir el delito del narcotráfico, su colega Wilson Santamaría (UD) culpa al Gobierno y al presidente Evo Morales de la expansión de este ilícito.

Las expresiones se producen después que Adhemar Andrade Lima Lobo oriundo de esa región y cuyas relaciones familias además de alcanzar al MAS también tocan al Movimiento Nacionalista Revolucionario y Unidad Demócrata fuera detenido en Brasil son 480 kilos de droga.

Rivero manifestó que el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) realizan una buena labor, sin embargo recomendó que se “debe tomar mayor atención” en la lucha contra este flagelo.

Añadió que más que reforzar las unidades policiales o militares se tenga que “mejorar sus desplazamientos de los sistemas de inteligencia”, para lograr mayores resultados.

No obstante el diputado opositor Santamaría responsabilizó directamente al Gobierno y en particular al presidente Evo Morales por la “expansión delictiva en todo el país”, principalmente por su condición como presidente de las Seis Federaciones de productores de coca.

En el criterio de la oposición, ese liderazgo de Morales en el ámbito de los cocaleros alienta a la producción de la hoja de coca que se podría estar desviando de manera peligrosa a la producción de cocaína.

“Uno de los principales responsables es el líder de las seis federaciones (Evo Morales). Exigimos saber cuáles son las acciones para erradicar de forma estructural el crecimiento de la droga”, sostuvo Santamaría.

Exigió que las autoridades proporcionen información acerca del movimiento aéreo “ilegal” que se registra en los municipios de San Joaquín, Mamoré y otros donde -dijo- es evidente que estas poblaciones están conexas con movimiento irregulares en el ilícito del narcotráfico.

El Gobierno asegura que su política antidroga es efectiva y ha destacado los datos sobre los operativos, secuestros y destrucción de fábricas de producción de cocaína.

Este año, el presidente Morales promulgó la Ley General de la Coca que permitió incrementar a 22.000 hectáreas los cultivos de coca, lo que ha generado un mayor rechazo de los opositores.