Revela que campos siguen en manos de las petroleras

El politólogo Diego Ayo presentó anoche el libro “Las seis verdades de la ‘nacionalización’ del gas”, en el que se hace una relación sobre las “supuestas falacias” que el Gobierno ha lanzado en los últimos años, respecto al decreto de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, el 1 de Mayo de 2006.

IMPUESTOS

Según el coordinador, el decreto de nacionalización “lo único que hizo fue ratificar la Ley de Hidrocarburos 3058, que había establecido que los impuestos totales a las empresas petroleras eran del 50%. Lo que hizo fue aumentarle un impuesto del 32% exclusivamente a los campos más grandes y que sería cobrado solamente en una fase de “transición”.

Ayo señaló que, como primera verdad, el “desarrollo de los campos (petroleros) sigue en manos de las transnacionales”, e insistió en que la denominada “nacionalización” del gas no fue tal en realidad, sino que se basó solamente en un aumento de impuestos.

“La ‘nacionalización’ del MAS es muy diferente a las anteriores nacionalizaciones que hubo en el país, que decidieron la expulsión de las empresas transnacionales para que YPFB se hiciera cargo de operar los campos expropiados. En el caso de la ‘nacionalización’ del MAS, los campos permanecen a cargo de las empresas, debido a que el Estado no tiene la capacidad para asumir la operación de los pozos”, afirmó Ayo, en la presentación de su obra.

“En esta sui generis ‘nacionalización’, las empresas petroleras que trabajaban en el país pasaron a ser ‘contratistas’”. Al final, según diversos estudios, dice el texto, la “nacionalización” implicó el aumento del 16% de los impuestos (del 50% de la ley 3058 a 66%).

SEGUNDA VERDAD

La segunda “verdad” que menciona el texto es que antes de la “nacionalización” se perforaba cuatro veces más pozos que después de la “nacionalización”. En este capítulo se abordaron temas referidos a la reducción de reservas de gas natural, el posible déficit si se mantienen los contratos con Argentina y Brasil, y los problemas de los campos que tienen volúmenes decrecientes de producción.

CAMPOS PETROLEROS

El tercer capítulo tiene como eje el hecho de que en Bolivia los campos de gas están en proceso de agotamiento.

Explica, con cifras, que se ha producido un aumentó la producción en los últimos años, pero no de las reservas. En este sentido, señaló que la proyección para el año 2025 “está llena de nubarrones” y que el escenario “más favorable” es sólo lograría recuperarse la producción del año 2006.

En la “cuarta verdad”, se incide en torno al aumento de los ingresos, que en su opinión no se debió al decreto de “nacionalización”, sino al aumento de los precios internacionales, sobre los que Bolivia no Luego menciona la existencia de un virtual, “caos legal y normativo”, que afecta a la industria petrolera y enfatizó en que la Ley de Incentivos con recursos de las gobernaciones y municipios arrojó escasos resultados.

En el sexto capítulo, el documento incide en los “gastos recuperables” a favor de las petroleras y que han generado abusos por parte de ellas, las cuales expresaron sus reparos a la decisión del Gobierno de ejercer un mayor control en los denominados, “costos recuperables”.