Funcionarios del Banco Unión afirman que Pari escondió informes de cajeros

En el marco del proceso por el desfalco de más de 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión, cometido por Juan Franz Pari, ayer otros dos funcionarios de esa entidad fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Roger Medina, jefe nacional de tarjetas, y Edwin Orozco, analista operativo, fueron sindicados de incumplir los protocolos de control del dinero en cajeros automáticos, hecho que, según la Fiscalía, posibilitó a Pari burlar el sistema y sustraer el dinero por más de un año.

Ambos negaron tener alguna responsabilidad en el robo de dinero efectuado por Pari. Aseguraron que cumplieron con el control del efectivo que circulaba en los 415 cajeros automáticos que el Banco tiene a nivel nacional, y que nunca faltó dinero en este balance.

“La imputación deja en indefensión a mis clientes, porque no señalan dónde, cómo y cuándo se han incumplido el control de las cuentas, se limitan a decir que ellos eran encargados del control, cuando el señor Pari ha declarado ya cómo se han vulnerado estos mecanismos”, aseveró César Rojas, abogado de Edwin Orozco.

Rojas explicó que, de acuerdo con la información brindada por sus clientes, los controles fueron vulnerados en las regionales de La Paz, que remitían cifras que cuadraban con el capital que era asignado a los 415 cajeros.

“Ellos no manejan dinero y no eran encargados de bóveda. Ellos hicieron un cruce de información con documentos envidados desde las regionales. No se ha vulnerado control alguno, la vulneración se ha dado acá, en la regional de La Paz, y no puede involucrarse a personas inocentes con pretextos de que hay un desfalco”, declaró Rojas.

La defensa de los funcionarios imputados reveló que Pari manipuló el sistema que estaba a su cargo, para hacer figurar que sacaba dinero para cajeros automáticos que no existían y al momento de pasar el reporte a la regional desechaba los registros de los mismos.

En definitiva, la única forma de verificar que el dinero no existía o era sustraído, era realizando el control físico del efectivo, en las bóvedas de las agencias regionales de Batallas y Achacachi, donde no existen cajeros automáticos.

JUEZ

Los dos funcionarios fueron enviados a la cárcel por determinación de la juez primero anticorrupción de La Paz, Cinthya Delgadillo, quien, pese al argumento de la defensa, en audiencia cautelar, dio por cierta la probabilidad de autoría y el peligro de obstaculización planteados por la comisión de fiscales compuesta por Daniel Ayala y Erlan Almanza.

Rojas calificó de arbitraria la resolución, aunque expresó que era de esperarse, ya que es la línea que muchos jueces siguen cuando de por medio están vinculados intereses del Gobierno.

Señaló que, en audiencia, la defensa dejó en claro las falencias que presenta la imputación, además que se desvirtuaron los riesgos procesales porque los funcionarios aún trabajan en el Banco Unión, figurando como “suspendidos” y que cuentan con familia y domicilio establecido en Santa Cruz.

Fue por esta razón que se planteó la apelación y espera que la medida extrema de la cárcel para sus clientes, se revierta y ellos puedan defenderse en libertad.

DOS DELITOS

Los funcionarios fueron imputados por apropiación indebida de fondos financieros y asociación delictuosa, delitos vinculados al millonario desfalco, hecho por el cual ya suman 15 personas encarceladas y dos con detención domiciliaria.

“Ambos imputados debían ejercer el control directo y diario a los fondos asignados a cajeros automáticos, verificar los comprobantes y elaborar los estados de cuenta del Banco Unión”, señaló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Esta supuesta falta de control, según la teoría de los fiscales, fue aprovechada por Juan Pari, exjefe de Operaciones del Banco Unión, quien desfalcó altas sumas de dinero que fueron invertidas en bienes inmuebles, movilidades y negocios, de los que se beneficiaron una decena de personas detenidas preventivamente.

“Los estados financieros que elaboraba Edwin Orozco, como Analista Operativo de Tarjetas, no reflejan la afectación de las cuentas, ello a raíz de que forzó la cuadratura contable para que no existan diferencias con los estados financieros que eran firmados por él y Róger Medina, en su calidad de Jefe Nacional de Tarjetas”, sostuvo el fiscal Ayala.

El fiscal añadió que ambos incumplían sus funciones, pues sólo enviaban reportes semestrales, pero el abogado Rojas señaló que el tiempo de la emisión de los mismos es una instructiva interna del mismo Banco.

El Código Penal establece que la apropiación indebida de fondos financieros tiene una privación de libertad de cinco a diez años.