Poder político y corrupción

Una de las características del Estado es que tiene la principal función de ejercer el poder, es decir dictar normas y hacerlas cumplir, y la parte del Estado encargada de esa función es el gobierno, que debe gobernar diseñando políticas en las diversas áreas que hacen al desarrollo de la sociedad organizada, es decir que el gobierno es el administrador del Estado.

El poder político es la esencia del Estado, pues éste sin poder no podría existir, pero superados históricamente los tiempos del poder absoluto de los monarcas -aunque existen gobernantes con reminiscencia monárquica- el poder se ejerce por autoridades elegidas por el pueblo y sujetas en sus actos a la ley, es el estado de derecho.

En la pasada semana en nuestro vecino Brasil, el presidente del Comité Olímpico y la cabeza de los encargados de las obras públicas para las Olimpiadas y el mundial de fútbol en Río de Janeiro, el primero por haber hecho millonarios giros a su par de un país africano para que éste ceda y apoye a Brasil para ser sede y el segundo por los sobreprecios de las obras, fueron encarcelados dentro de las investigaciones que son efectuadas por un órgano judicial independiente, y seguramente aparecerá algún político involucrado en los negociados, pues la corrupción en las esferas que tienen que ver con asuntos del Estado está siempre acompañada de la corrupción de los políticos.

La corrupción parece ser una de las debilidades del ser humano, en especial cuando ejerce poder, y como una de las finalidades de quienes están en la labor de administrar los bienes e intereses del Estado -es decir de toda la población- es hacer obras, la realización de éstas aparece acompañada de los sobreprecios y las consiguientes “comisiones” que ya están previstas en los costos de esas obras. De tal manera que cuantas más obras son realizadas en el ámbito público, más corrupción y enriquecimiento ilícito se produce, con el consiguiente perjuicio para los intereses de los gobernados.

Precisamente para en alguna medida frenar la corrupción política en la gestión pública, se ha emitido disposiciones legales que tienen que ver con las compras, adquisiciones, construcción de obras públicas, etc., y son las normas de administración y control fiscal, que determinan los procedimientos, requisitos, etc., para esa labor.

El actual gobierno que hace 11 años gobierna nuestro país, con el argumento de hacer más ágil el proceso de ejecutar obras y servicios, ha dictado decretos que permiten las contrataciones que eran excepcionales -sólo en caso de catástrofes- en ordinarias, lo que ha dado lugar a una descomunal corrupción en las obras y servicios públicos, pues según lo han denunciado varios comentaristas, casi todas las obras y servicios públicos tendrían sobreprecios.

El estado de derecho es aquel en el cual gobernantes y gobernados están sujetos estrictamente al cumplimiento de las leyes, y como sentenció Platón en su estado de excepción, “el soberano es la ley”. De tal manera que su inobservancia resulta un acto delictivo y peor aun cuando ésta proviene de los gobernantes, que tienen por obligación cumplir y hacer cumplir las normas.

Los casos de actividades delictivas cometidas por funcionarios de gobierno o por allegados a éstos, en los últimos tiempos han salido a la luz pública y son tantos que enumerarlos y comentarlos llenaría varias páginas y la única manera de combatir la corrupción que está carcomiendo no sólo al gobierno, sino a la sociedad misma, es el restablecimiento del “estado de derecho” y de un Órgano Judicial independiente del poder político y de toda influencia que no sea el cumplimiento y aplicación de la ley.

En los países ricos, denominados del primer mundo, los controles fiscales y la aplicación de la ley son estrictos, y en China tienen como pena la muerte, pero en los países atrasados o dependientes, es decir pobres, estos controles están en las normas que no se cumplen, y al amparo del poder político y en muchos casos por el mismo gobierno se incumplen.

También uno de los caminos para solucionar el problema de la corrupción política es, sin duda, la reposición de valores cívicos, éticos y patrióticos, que deben ser observados comenzando por los gobernantes en las altas esferas del poder, hasta el último servidor público.

El autor es abogado y politólogo.