Negocios y favores

YPFB decidió pedir una rebaja de la tarifa de transporte del ferrocarril oriental, una rebaja de 24%, porque sólo de esa manera podría entregar la urea en Brasil con el precio convenido.

La Ferroviaria Oriental, de propiedad del venezolano Carlos Gill, no responde al pedido, pero YPFB insiste y dice que toda la operación podría estar en riesgo si es que no se diera esa rebaja.

Lo previsible es que la empresa ferroviaria responda diciendo que podría hacer esa rebaja siempre y cuando YPFB le rebaje, a su vez, el precio del diésel que usan sus locomotoras.

La operación se complica, porque la urea debe ser llevada desde Bulo Bulo a Montero en camiones antes de embarcarla en el ferrocarril, y lo que hace previsible que YPFB deba pedir una rebaja de la tarifa de transporte también a los camioneros.

Y los obreros que participarán en la operación de carga y descarga en camiones y en trenes y finalmente en barcazas en Puerto Gravetal, querrán ganar lo que acostumbran, que podría estar por encima de las posibilidades de YPFB en esta operación.

Puerto Gravetal, a su vez, tiene sus tarifas y también las barcazas, todo lo que tendrá que ser revisado porque YPFB quiere cumplir su propósito de exportar la urea que produce en un lugar inconveniente.

Y el embajador de Brasil está esperando la respuesta de YPFB sobre el precio de la urea. Quizá le parezca muy caro que YPFB la quiera vender en US$ 335/T, mientras en el mercado internacional el precio es de US$ 185/T.

Una inversión que hasta ahora es de US$ 965 millones, ordenada por el actual gobierno, está pendiente de que todos los que participan en el transporte de la urea ajusten sus tarifas para que el precio sea el que quiere YPFB.

Todo esto se evitaría si es que YPFB hubiera optado por exportar el gas que alimenta la planta, con lo cual habría obtenido un precio cuatro veces mayor al que le paga la planta.

Demasiados favores está pidiendo YPFB para hacer este negocio. No sólo que paga un precio del gas, que es de US$ 1,30 por millar de pies cúbicos, mientras las industrias del país deben pagar US$ 2,10.

En Santa Cruz se dice: “hay hijos a los que es mejor mantenerlos que ponerles negocios”.

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