Espejismo de la autonomía

Pasada más de una década de las cruzadas cívicas que movilizaron a cientos de miles de cruceños para ganar espacios en la gestión de su propio destino, la autonomía departamental es todavía una quimera. Los pasos para vivir bajo ese sistema se han convertido en un juego de pretensiones que van desde el Estado que jura haber establecido un régimen de esa naturaleza hasta sus ejecutores que pretenden desenvolverse bajo un sistema autonómico. La realidad suele imponerse a los espejismos y el Ministerio creado para orientar la autonomía acabó reducido a principios de este año a un viceministerio del Ministerio de la Presidencia.

Una relación de ese proceso y su estado actual fue presentada hace poco con “Las autonomías centralizadas – El caso boliviano: ¿qué pasó y qué hacer?” (Plural, 122 páginas), de Juan Carlos Urenda, uno de los institucionalistas mejor versados del país. El título curioso de la obra subraya el oximorón de autonomía y centralismo y parece un toque de clarín para una retoma de la larga marcha hacia la autonomía que las autoridades centrales consideran cuestión resuelta. La descripción que presenta el autor sobre cada recodo del curso seguido para la aplicación de la autonomía es como una vivisección de una de las mayores aspiraciones cruceñas.

Su dominio de los temas institucionales llevó al presidente Morales, durante una de las reuniones infructíferas de prefectos con el mandatario en 2008, a pedirle que fuera su asesor cuando aún era poca el agua que había corrido bajo el puente de la historia nacional reciente. El pedido se extinguió en esa misma reunión, pues ambos eran extremos contrapuestos desahuciados de converger sobre una misma senda.

La recopilación del autor recuenta los pasos emprendidos para aplicar normas autonómicas clásicas, desde la descentralización administrativa hasta el manejo de recursos que corresponderían a los departamentos y que el Estado absorbe casi por completo. “El sistema fiscal boliviano es claramente centralista y así no puede haber autonomías de verdad”, concluye el autor. Una sola muestra: del 11% arrancado del poder central como regalías petroleras para todos los departamentos, casi el 80% queda bajo la administración del estado central. Ni qué hablar de la educación, parte de cuya gestión es atributo de todo régimen autonómico. Urenda recuerda que bajo la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez el sistema educativo ha quedado bajo la égida del poder central de manera absoluta.

El autor sugiere medidas inmediatas para insuflar vida al proceso autonómico. La primera es el pacto fiscal que comprometa al gobierno central a distribuir realmente los recursos que corresponden a las regiones y a éstas a ejecutar programas y proyectos con efectos a corto plazo. Urenda reta a que los departamentos asuman las competencias exclusivas para las cuales no requieren permiso alguno. Urenda lista 26, que van desde la generación y transporte de energía eléctrica en áreas aisladas, proyectos de electrificación rural, transporte ferroviario, construcción y mantenimiento de aeropuertos departamentales, otorgar personería jurídica a las organizaciones sociales que operen en el departamento. La pregunta que Urenda deja en suspenso es por qué no han sido encaradas las posibilidades ya otorgadas bajo el régimen vigente.

Recorrer la obra de Urenda puede resultar para muchos lectores como deshojar una cebolla: cada lámina produce lágrimas.

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