He logrado la distancia suficiente con el proceso de selección de los candidatos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional para poder comentar cómo se manipuló un proceso que la propaganda pretendió hacer creer que era transparente y honesto.
Como consta a la ciudadanía, los plazos de presentación de las candidaturas a estos puestos de mayor jerarquía en el Órgano Judicial fueron en varias oportunidades ampliados. Mucho se dice de la igualdad de género y de la necesaria presencia de representantes de las diversas naciones con que cuenta el país, con la intención declarada de que esta participación sea igualitaria, para que de esa manera sea equitativa y por lo tanto democrática.
En Pando hay naciones originarias reconocidas por el Estado. Sin embargo, ninguno de sus componentes se animó a participar en este proceso de selección; pero si ustedes revisan las postulaciones al Tribunal Supremo por Pando encontrarán que dos de los candidatos habilitados han declarado ser de etnias indígenas, afirmación que nos lleva a plantearnos si las etnias indígenas u originarias a las que dicen pertenecer, tienen algo que ver con el norte del país y si efectivamente los pretendidos originarios lo son. De niño jugaba con mis compañeros a indios y vaqueros, simpatizando con los valerosos pieles rojas norteamericanos. Pese a esa simpatía no me considero piel roja.
Estos candidatos que supuestamente representarían a los pueblos originarios de la selva amazónica, ¿tendrán una vinculación que vaya más allá de la mera empatía con las naciones precolombinas de la actual Amazonia?
Una de las actividades más denostadas por el gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, es la tarea actual de administrar justicia. Se supone que con los egresados de la escuela de jueces y las autoridades a ser elegidas en diciembre se podrá tener una nueva justicia boliviana; lo mismo se dijo hace cuatro años, cuando elegimos a los actuales Ministros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En ese orden de ideas, carece de toda lógica que a los candidatos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo se les haya dado puntaje por el hecho de haber sido parte de la administración de justicia anterior al proceso, cuando los argumentos que se maneja sobre éste, debieron traducirse en deméritos o en la no asignación de puntaje a esta actividad. No fue así, y los actuales administradores de la justicia lograron de esa manera sumar méritos gracias a una actividad vilipendiada, favoreciendo así a los criticados administradores de la justicia en Bolivia.
Llegamos de esa manera al primer punto de la manipulación evidente de las calificaciones en el proceso de selección: la arbitrariedad en atribuir méritos a los candidatos. La convocatoria exigía experiencia en tres áreas a lo mínimo, lo que permitió eliminar a muchos y dar más puntaje a otros cuantos. La Constitución Política del Estado consagra como un derecho humano el poder impugnar una resolución o calificación, pero en este proceso no hubo posibilidad de impugnar la decisión sobre el puntaje de los méritos por los antecedentes curriculares.
Lo más transparente de todo el proceso fue la participación de las universidades en la preparación del examen de conocimientos, ya que se mantuvo el anonimato de los evaluados y la evaluación fue confiada a profesionales que mostraron ser honestos y transparentes en su función. La pregunta es si esta participación de la Universidad Pública Boliviana no fue permitida como manera de convalidar el resto del fraude, pues como se verá en el próximo punto, las calificaciones de conocimientos fueron anuladas por la entrevista que hicieron los políticos de la asamblea legislativa a los postulantes, favoreciendo a los candidatos oficialistas, algunos además en compromisos con los delegados opositores, viendo que en esto del cuoteo, pese a que muchos legisladores no han pisado una escuela, saben de memoria las triquiñuelas de la perpetuidad del poder.
La participación de la universidad fue el único tema que no pudo ser manoseado por el Legislativo y su Comisión creada para efectos de la calificación de los candidatos. El examen y sus resultados permitieron a muchos que no habían logrado una calificación de méritos curriculares suficiente, el poder pasar a encabezar las listas por los puntajes obtenidos. Me incluyo en este grupo. La tercera etapa, entrevista oral con la comisión, estuvo totalmente manejada a fin de favorecer a lobos candidatos que representaron al oficialismo; es aquí donde la Comisión de la Asamblea Legislativa asigna puntajes pre acordados a personas apoyadas por el gobierno, consiguiendo de esa manera anular los resultados de la prueba de conocimientos.
Es así que personas aplazadas por su desconocimiento del derecho, pero que contaban con el favor de esta Comisión, pudieron aparecer encabezando las listas que luego serían remitidas a la Asamblea Legislativa, la que daría el toque final escogiendo de esa manera amañada, digitada, nada transparente a los candidatos. La propaganda ahora tratará de convencernos de lo contrario.
Téngase presente que se califica comunicación y oralidad, y además se pedía una propuesta. ¿Puede un candidato a juez tener otra propuesta que el respeto a la ley? Estas irracionalidades no han sido puestas en el tapete de la opinión pública y es pertinente no perderlas de vista.
Es importante que ustedes tomen noticia de esto y sepan lo que ocurrió y que la verdad no se pierda en los entretelones de la historia. En Pando, tendremos que elegir para el Tribunal Constitucional a personas que no viven aquí y que evidentemente han sido incluidas como parte de una estrategia de copar de cualquier manera el Órgano Judicial de control de la constitucionalidad.
Como cierre, hace poco el gobierno preparó en Cobija una gran comilona para todos los que quisieran apoyar a sus candidatos. Se teme al abstencionismo y al voto nulo. A los asistentes, que fueron principalmente por el churrasco gratis, se les convidó a asistir a un nuevo acontecimiento gastronómico para días después.
Como hace más de dos mil años, la política se cultiva con pan, circo y engaños.
El autor fue candidato al Tribunal Constitucional, es periodista, profesor universitario y abogado.
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