Caso del Banco Unión
• Según la versión de los funcionarios del Banco Unión detenidos en Palmasola, existe un vacío en el control del dinero en efectivo en la estatal financiera. La teoría pone en riesgo el pago del seguro
Juan Franz Pari, el exjefe de operaciones de la agencia regional del Banco Unión en las localidades de Batallas y Achacachi, logró desfalcar dinero debido a un vacío en el sistema de control de acuerdo con la hipótesis de defensa de los dos últimos funcionarios que fueron imputados y enviados con detención preventiva al penal de Palmasola en Santa Cruz.
De verificarse el hecho, este dato puede impedir que el seguro pague por los más de 37,6 millones de bolivianos que fueron robados, mientras ninguna autoridad ha querido referirse al tema.
César Rojas, abogado de Roger Medina, jefe nacional de tarjetas y de Edwin Orozco, analista operativo, en entrevista con EL DIARIO, señaló una serie de irregularidades en la relación de hechos que la comisión de fiscales presentó el pasado jueves ante la juez primero anticorrupción Cinthya Delgadillo, quien pese a los argumentos determinó enviarlos a la cárcel.
Rojas apeló el fallo y apuesta demostrar ante una instancia superior, que sus clientes no tenían responsabilidad en el control del dinero en efectivo.
“En mi criterio, según lo que tengo entendido del funcionamiento y la explicación que hacen los propios fiscales, los primeros en ser sometidos a una investigación, es el encargo de bóvedas, los supervisores, el agente regional, el gerente departamental, ellos deberían dar una primera explicación de cómo es que el señor Pari sacó el dinero sin que sea detectado en los informes”, cuestionó Rojas.
Los funcionarios fueron imputados por la comisión de fiscales compuesta por Daniel Ayala y Erlan Almanza, quienes señalan que ambos son con probabilidad autores de los delitos de apropiación indebida de fondos financieros y asociación delictuosa.
El fiscal Ayala, en declaraciones a la prensa, aseguró que había presentado pruebas de la participación de Medina y Orozco en la sustracción del dinero.
La afirmación fue criticada por Rojas, quien refirió que la Fiscalía presentó actas de aprehensión de familiares y socios de Parí, actas de secuestro de objetos y vehículos así como informes sobre allanamientos realizados, elementos que no tienen relación con sus clientes.
Es más, un día después de que la juez los enviara a la cárcel, un medio escrito publicó una entrevista con Pari en la que este corrobora la hipótesis del abogado.
“A los que están deteniendo en el Banco Unión (Medina y Orozco) tampoco hicieron nada. Yo ni los conozco”, señaló Pari de 27 años que llegó a ese cargo solo con título de bachiller, como lo reconoció el recién posesionado gerente general del Banco Unión, Rolando Marín.
En ese contexto, Pari, con frases sueltas, dejó más dudas pues también afirmó que “los dueños del Banco Unión” conocían de la sustracción del dinero, porque asegura que se le quiere endilgar la pérdida de más dinero del que sustrajo.
“Otros son los que sabían lo que pasaba y están como si nada, sin asumir su responsabilidad. Yo estoy aquí para asumir las consecuencias y voy a responder, pero que también lo hagan los demás, los que sabían”, insiste en la entrevista que le realizó un medio paceño.
Por otro lado, Pari aseguro que esta solicitando ampliar su declaración para decir su verdad, ya que las primeras declaraciones, asegura, las realizó bajo presión física y psicológica.
El anuncio de Pari fue tomado en cuenta por el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, que adelantó que espera la solicitud oficial.
Pero dentro de las primeras declaraciones de Parí, este ya menciona nombres de los responsables regionales y señala su falta de control.
Pari, como autor material e intelectual del desfalco, identificó a Víctor Quispe Fernández, gerente general de la agencia, y Carmen Rosa Vargas, jefe de agencia.
En su declaración informativa, el exgerente de Operaciones indica que Quispe “realizaba el control rutinario, arqueo a fin de mes, en la bóveda y lo cuadraba con el sistema”, mientras que Vargas se encargaba de “realizar un control minucioso, la bóveda, el sistema el libro diario, actas y todo lo que conlleva seguridad”.
“Ella podría haber detectado la falla. Ambos, tengo entendido que siguen trabajando en sus funciones en Batallas y el otro en la Ceja de El Alto”, añadió, según el documento al que tuvo acceso EL DIARIO.
SEGURO
Sobre el tema del seguro, los representantes del Banco Unión se han negado a responder y se desconoce aún el nombre de la empresa aseguradora.
Pero el tema es de importancia para los clientes del abogado Rojas, no tanto por la recuperación del dinero, sino porque si el seguro logra demostrar que Pari desfalcó al Banco por un vacío en el sistema de control o se debió a la negligencia de los protocolos, además de probar la inocencia de Medina y Orosco, dejaría a la institución muy mal parada.
Rojas fundamenta que sus clientes no tenían a su cargo el control del efectivo real que Pari reportó a la gerencia departamental, sino, que el trabajo de sus clientes se basaba en el cruzamiento de reportes enviados por el sistema de los 415 cajeros automáticos que tiene el banco y el reporte de las agencias departamentales.
Para Rojas, la imputación presentada por la Fiscalía y la determinación asumida por el Órgano Judicial carecen de fundamentos pero señala que esto se debe a que ambas instancias se ven presionadas debido a que están en juego los intereses del Gobierno.
Entre los indicios que también refuerzan la teoría de sus clientes, está el mismo informe emitido la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema y Fiscalización (ASFI), Lenny Valdivia, que detectó problemas en el resguardo de la llave de la bóveda de Batallas y que en La Paz, sin explicación, se suspendieron las verificaciones sorpresa que se debía desarrollar por parte del comité de riesgos.
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