Ley sin reglamento desmotiva nuevas inversiones privadas

El presidente de la Cámara Departamental de Industria, Ibo Blazicevic, dijo ayer que la carencia del reglamento de la Ley de Inversiones desincentiva nuevas inversiones en el sector productivo privado nacional. Ese marco legal fue promulgado en abril de 2014. Desde entonces se espera el reglamento para que la legislación tenga vigencia.

El representante empresarial señaló que existe el imperativo de atraer inversión directa a Bolivia. “Se lo puede hacer revisando la Ley de Inversiones, hasta la fecha no se ha visto llegar nuevas inversiones al país”, indicó y lamentó que se hayan realizado eventos internacionales, como el auspiciado por el Gobierno en Nueva York, sin resultados hasta el presente.

“Traer inversiones a Bolivia (es vital) y no hemos visto llegar aún a un inversionista al país”, apuntó e insistió en que la Ley de Inversiones se encuentra más de tres años sin reglamentación, al igual que la normativa sobre arbitraje internacional para solucionar eventuales controversias entre las partes.

POSICIÓN OFICIAL

Al respecto, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, manifestó su disposición para retomar el diálogo con el sector privado y examinar temas relativos al descenso de la actividad económica en el país.

VALIOSOS RECURSOS

Por otra parte, el pago del doble aguinaldo habría demandado al sector privado un gasto de $us 300 millones, calculó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas. Estos recursos ahora son susceptibles de ser destinados a nuevas inversiones. El sector privado se ahorró de utilizar ese monto, al determinar la inaplicabilidad del decreto 1802 del doble aguinaldo.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, estimó el lunes que de haberse viabilizado el pago de dicho beneficio, el Tesoro tendría que haber erogado de las arcas fiscales dos mil millones de bolivianos, (alrededor de $us 300 millones).

CONDICIONES

En otra declaración ofrecida ayer, el titular de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) dijo que el sector privado necesita condiciones y seguridad jurídica para invertir, y que el crecimiento que este año está registrando la economía nacional (3,94%), se debe de gran manera al aporte del empresariado del país, ya que la participación privada fue de alrededor 48% de la inversión estatal.

El directivo observó, en ese ámbito, la visión que tiene el Gobierno sobre la inversión privada, “ya que los mecanismos son diferentes”, sostuvo. “El Gobierno debería entender esta situación, porque es más complicado invertir en el sector privado que público”, indicó.

Al respecto, explicó que los emprendimientos son financiados mediante crédito y el patrimonio de las empresas. En cuanto corresponden al sector exportador, se tiene que enfrentar, entre otras limitantes, con un tipo de cambio fijo, que no fomenta las ventas del país en mercados externos, mientras que el sector de la minería tiene que lidiar con la sobrerregulación impositiva y con otras barreras.

CALIFICADORAS

Según Salinas, un informe de calificadoras internacionales, que se difundió la semana pasada, observó la situación en Bolivia y estableció que hay inseguridad en el país, lo que considera desincentiva las inversiones.

En el Ranking Sudamericano, Bolivia está ubicada en el noveno lugar en atraer inversión extranjera –sostuvo Salinas– y añadió que es por ello que los privados insistieron en la necesidad de reiniciar el diálogo con las autoridades y generar condiciones para promover nuevas inversiones.

INVERSIÓN PÚBLICA

Por otra parte, observó que la inversión pública no cumple las metas oficiales propuestas y que de $us 7.000 millones programados, en realidad sólo se están ejecutando $us 5.000. Salinas fue más lejos, planteó evaluar la eficiencia de la inversión pública, aunque no quiso referirse a casos específicos, pero incidió que en este tema hay dudas en algunos sectores.

En torno a este tema, la ministra Prado informó que la inversión pública llegará a los mismos niveles de la gestión pasada, debido a los problemas que enfrentaron algunos proyectos hidrocarburíferos a principios de año.