Hay otra Cataluña

La corriente independentista en Cataluña tiene una larga gestación alentada por los políticos que no dejan de ver su realización por encima de cualquier otra consideración, ese es el caso del ahora ex presidente Puigdemont que se juega su futuro como político. Esta tendencia separatista fue atizada con supuestos agravios de España a Cataluña, inclusive con expresiones de “España nos roba…”, etc. En los últimos años la postura independentista se ha convertido en la tabla de salvación para la sobrevivencia del propio extremismo de Esquerra Republicana, la CUP y Podemos.

Este último partido es un producto de exportación –aunque no de los mejores- de Latinoamérica a España y Europa, comercio que en lugar de dar réditos tuvo que ser subvencionado por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, para procurar el debut de Podemos más allá del océano, sin que tarde en tornarse en azuzador de la desintegración de España.

Como se sabe, el referendo de independencia del 1 de octubre tropezó con dificultades diversas y ni siquiera alcanzó un escrutinio confiable, no obstante se lo adjudicó como el triunfo del soberanismo. Sobre esa base inestable Puigdemont proclamó la independencia junto al Parlamento catalán, pero lo puso en suspenso en función del diálogo, planteando a la vez la apertura de una mediación, por supuesto inaceptable, porque implicaba negociar entre iguales o de Estado a Estado.

En Madrid el Ejecutivo y los Diputados le dieron un plazo para que defina si los pasos dados eran una declaratoria de Independencia, bajo alternativa de aplicar el artículo 155 de la Constitución, dispositivo de intervención a las autonomías por desorden o subversión. El jefe de la Generalitat fue invitado al Senado para que explique y fundamente su decisión, prefirió no hacerlo, y el día 26 pasado proclamó la República Independiente de Cataluña; consiguientemente sobrevino la intervención del Gobierno central sobre el de la Comunidad catalana y la convocatoria a elecciones autonómicas a realizarse el 21 de diciembre próximo. El Gobierno de la Comunidad tenía la oportunidad de convocarlas por sí mismo, como le sugirió el PSOE (socialistas), pero lo desestimó.

La rebelión independentista recurrió a un “derecho a decidir” unilateral, que implica desconocer el histórico Pacto de la Moncloa de 1977, en el cual concordaron todas las provincias y regiones de España, dando lugar a la Constitución de 1978, la misma que implantó un nuevo orden democrático.

Los resultados de la elección del 21 de diciembre -entre sus efectos- ha de tener la virtud de mostrar si efectivamente una mayoría catalana es independentista o más bien hay una mayoría votante que decide seguir unida a España. Sin duda, lo harán sopesando los pros y contras. Tendrán en cuenta el aislamiento, la falta de apoyo del resto de comunidades y a nivel internacional (UE; etc.), la fuga iniciada de entidades bancarias y empresariales y si la pretendida suficiencia económica catalana es realmente tal.