Aprehenden a Director del Hospital Obrero

El director del Hospital Obrero de La Paz, Carlos Ibáñez, y otros cuatro funcionarios quedaron en calidad de aprehendidos ayer por la tarde, en el marco caso de desvío de insumos médicos que se detectó en esa entidad de salud, informó la fiscal de materia Lilian Calderón, quien precisó que ya suman 11 las personas imputadas.

Recordemos que el miércoles pasado, la juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, en audiencia de medidas cautelares de seis personas, determinó la detención preventiva en la cárcel de tres de ellas, medidas sustitutivas (se defenderá en libertad) para otra y detención domiciliaria para dos médicos que presentaron certificados de enfermedades.

Según la relación de hechos de la Fiscalía, la principal sospechosa es la doctora Martha Calderón, jefa de la Unidad de Patología del Hospital Obrero, quien en complicidad con otros funcionarios, realizaba exámenes de laboratorio de personas que no eran beneficiarios de la Caja Nacional de Seguros (CNS) utilizando los insumos del centro médico.

De acuerdo con las órdenes de laboratorio secuestradas, estas eran emitidas para pacientes en clínicas privadas donde los médicos implicados trabajan de forma paralela.

NUEVOS APREHENDIDOS

Continuando con esa investigación, ayer por la mañana, la comisión de fiscales compuesta Marco Vargas y Lilian Calderón realizó otro operativo y detectó nuevas anomalías y confirmó otras, por lo que en primera instancia condujo a la Fiscalía a seis funcionarios.

“Estamos con trabajadores de este hospital a la cabeza del director del Hospital Obrero (Carlos Ibañez), para que puedan prestar sus declaraciones informativas sobre los hechos que estamos investigando”, indicó Vargas.

Dijo que se secuestraron equipos de computación, órdenes de laboratorio y se verificó que los funcionarios realizaban el análisis de muestras sin que estas estén codificadas incurriendo en graves errores.

“Existen indicios de que se han equivocado en algunos diagnósticos de pacientes indicando que tuvieran cáncer, pero dadas las investigaciones preliminares dicho paciente no tenía cáncer”, indicó.

APREHENSIÓN

Ya en horas de la tarde, la fiscal Calderón confirmó la aprehensión de cinco de los funcionarios.

“Son cinco personas aprehendidas el señor Carlos Ibáñez, director del Hospital Obrero; Virginia Rodríguez, trabajadora social; Frida Rosales Quispe, es la auditora; Alfonso Padilla, es uno de los médicos patólogos que trabajaba con la doctora Martha Calderón y Narda Mazuelos, médico residente”, detalló Calderón en conferencia de prensa.

Explicó que son investigados por los delitos de peculado, uso indebido de bienes del Estado, encubrimiento en grado de autoría, cohecho pasivo, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios del Estado.

IBÁÑEZ

En el caso específico del doctor Ibáñez, la fiscal señaló que este “no habría cumplido sus deberes de tomar acciones en mérito a la denuncia y al proceso de investigaciones", aseveró la fiscal.

Señaló, de manera preliminar, que aún no se puede calcular el daño económico hacia la CNS pero se detectó que antes de la intervención, el hospital destinaba un presupuesto de 30 mil bolivianos para estos exámenes y que ahora eso se redujo a 12 mil.

De forma extraoficial, se conoce que cada examen tenían un costo de al menos 1.500 bolivianos.

En cuanto a los otros cuatro implicados, la fiscal señaló que estos encubrieron el hecho debido a que en el proceso de admisión de pedidos de análisis, la verificación de las órdenes de trabajo y la de los pacientes, ellos podía verificar con facilidad, que los exámenes no eran para asegurados de la CNS.

Un sexta persona fue puesta en libertad, debido a que prestó su colaboración y no se halló indicios en su contra.

La fiscal explicó que en una primera investigación hecha en mayo, los funcionarios fueron citados como testigos, pero desviaron el proceso ocultando evidencias.

CAUTELARES

Se prevé que la audiencia de medidas cautelares se realizará hoy en el juzgado de turno y en la misma se determinará si son enviados a la cárcel o son beneficiados con otras medidas como la detención domiciliaria.