Pacto fiscal y justa demanda paceña

El tema del Pacto Fiscal se ha enredado en un círculo vicioso desde hace más de 5 años, cuando los departamentos lograron posicionarlo y al Gobierno no le quedó otra salida que delegarlo al entonces Ministerio de Autonomías. Es que las gobernaciones se vieron y se ven cada vez más constreñidas económicamente por su escasa alícuota en la participación tributaria, cuanto en la distribución el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que poco menos monopoliza el Gobierno Nacional.

El actual viceministerio de Autonomías se ha convertido en el organismo de dilación. La Comisión Técnica del Pacto Fiscal ha creado horizontes que cada vez complican la tesis original del tema, que no es otra que una nueva redistribución de recursos con una mentalidad racional y proporcional. La dilación busca -y lo está logrando- que no disminuyan los ingresos de los que dispone el Órgano Ejecutivo, que le permiten oficiar obras que deberían correr a cargo de los gobiernos sub nacionales, a la par que incurre en gastos suntuarios.

Siguiendo esas directrices el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, ha subrayado que el Pacto Fiscal no debe entenderse limitado a la redistribución, sino sobre todo buscar fuentes de ingresos públicos, aserto claramente desviacionista de los planteamientos originales. En consonancia, la Comisión Técnica se aboca a una Ley de Gestión Pública (sustitutiva de la Ley Safco) y abordar una agenda de Reglamento de Diálogo, con destino a las deliberaciones del Consejo Nacional de Autonomías. Esto complementa la estrategia de ganar tiempo y acabar cansando a los niveles interesados.

Sin duda, el departamento de La Paz es el más injustamente tratado en esta cuestión y por consiguiente ansía una rectificación necesaria. La desigualdad es de tan grande magnitud que, sólo para citar algo, el 2014 Tarija recibió 11.033 millones de bolivianos o sea el 36% del IDH, lo cual supone una asignación considerable per cápita, mientras cada paceño rumia la inequidad de algo así como Bs 250 por gestión.

Ante la asfixia económica las gobernaciones llaman la atención sobre que se les cargue una cuota para solventar la Renta Dignidad; otro tanto sucede para el pago del prediario de la población penitenciaria, así como contribuir en calidad de contraparte a las carreteras nacionales que, por tal carácter, es una obligación del Gobierno Central y también destinar sus limitadas posibilidades a los hospitales de tercer nivel (infraestructura, equipamiento y mantenimiento), etc.

Cuando pudieron los gobernadores plantearon diversos porcentajes de percepción en la coparticipación tributaria y lo propio sobre el IDH, pero el interés primordial de La Paz radica en que se rectifique el criterio inequitativo y hasta discriminatorio de repartición de este impuesto, efectuado en partes iguales entre los 9 departamentos, repartición apartada del fundamento racional de la densidad demográfica de cada departamento, parámetro de percepción que sería ecuánime y justo. Lo contrario es una confesión de que hay ciudadanos de primera y de segunda, cual si a todos los bolivianos no les asistiesen los mismos derechos y obligaciones. Las regalías favorecen a los departamentos productores derecho que no se discute.

Como los diputados por La Paz y los asambleístas del departamento no tienen el valor de impugnar esta situación pese al tremendo dramatismo que entraña y tampoco hacen escuchar su voz las sedicentes organizaciones cívicas, a la población paceña le asiste la obligación de hacerlo por sus propios medios. Es hora que los movimientos sociales tan bulliciosos y dueños de las calles, antepongan el interés colectivo por encima de los intereses particulares de cada uno de sus grupos, reivindicándose del malestar ciudadano que causan sus pertinaces movilizaciones. Están llamados a sustituirlas por un anhelo digno y trascendente al interés común de la paceñidad que, inclusive, les hará merecedores del agradecimiento de sus hijos. Esta es la cruzada de responsabilidad presente del pueblo paceño en su conjunto.