Algunos aspectos referidos a la última Asamblea Constituyente (2007) han puesto de actualidad y en tela de juicio la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE). Al respecto, el sector oficialista gobernante argumentó que cuatro artículos de la Carta magna son inconstitucionales y deben ser reformados o anulados por el Tribunal Constitucional, con el fin de permitir la reelección indefinida del presidente del Estado.
Al respecto se debe recordar que la Asamblea Constituyente fue inconclusa, no aprobó la nueva Constitución, sino terminó de ser discutida, reformada por un organismo que carecía de la menor jurisdicción y competencia y, por consiguiente, la nueva Constitución es ilegítima.
En efecto, el proyecto constitucional fue estudiado durante la Constituyente de Sucre, sin poder ser aprobado en esa ciudad, sino en La Calancha y enseguida en Oruro, en medio de grandes manifestaciones de oposición que costaron numerosos muertos y heridos. Entonces, habiendo sido imposible conseguir la aprobación final, el proyecto pasó a conocimiento del Congreso ordinario, que lo recibió sin ninguna observación, pese a la irregularidad que se estaba cometiendo y, enseguida, sin la menor atribución, procedió a re-estudiarlo, reformarlo, cambiarlo, y aprobarlo desconociendo la existencia de la Asamblea Constituyente y enseguida someterlo a promulgación del Órgano Ejecutivo para que convoque a un referéndum, pasos que se cumplieron estrictamente.
El desarrollo de la Constituyente fue escabroso, pero lo cierto es que no aprobó la nueva Constitución, como era su exclusiva competencia y responsabilidad, sino que esa aprobación fue hecha por el Congreso ordinario, que no tenía la menor injerencia en el asunto, ya que un poder constituido nunca puede estar por encima de un poder constituyente, acto que de producirse sería una aberración flagrante. Es más, las reformas al proyecto de la Constituyente fueron hechas por un pacto de partidos opositores y oficialistas en el siguiente orden: por el MAS, representado por el vicepresidente Álvaro García Linera, el Presidente de la Cámara de Diputados y varios diputados y senadores del MAS y uno de UN.
En esa forma, el Congreso ordinario se convirtió en un poder superior a la Constituyente, en una súper Asamblea Constituyente que poco menos que rechazó el proyecto constitucional de la Constituyente, le hizo múltiples reformas, (por lo menos cincuenta), sin tener la mínima atribución para hacerlo y con la presión de una marcha oficialista que partió de Oruro.
Finalmente, el 21 de octubre, después de una “maratónica sesión congresal, que había comenzado la noche anterior, a horas 20:10 aproximadamente, diputados y senadores aprobaron, por dos tercios de votos, múltiples modificaciones al proyecto de Constitución, así como la ley exigida tanto por los ocupantes de la plaza, como por “gruesos sectores de la población”. En esa forma, en 24 horas, el Congreso ordinario, convertido subrepticiamente en Asamblea Constituyente, aprobó la nueva Constitución con múltiples modificaciones, actitud que se produjo con desconocimiento total de las facultades, atribuciones, jurisdicción y competencia de la Asamblea Constituyente y convertida en constituida, y mantuvo al país en vilo durante seis meses.
El proyecto congresal de nueva constitución pasó al Órgano Ejecutivo para promulgación y enseguida se convocó al referéndum popular que lo aprobó. Pero, lo que cabe subrayar, en síntesis, es que la Constitución vigente carece, por esos motivos, de legitimidad y no cerró el proceso constituyente porque no dio su aprobación final al proyecto constitucional y tiró la responsabilidad al Congreso ordinario. Así, el proceso constituyente quedó abierto, se cerró en falso por obra de un poder que no tenía la menor facultad para ello. Por tanto, la nueva Constitución es transitoria, hasta que se produzca una Asamblea Constituyente real. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?
1) Del autor. Historia y crítica a la Constituyente y la Constitución Plurinacional.
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