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Caso Illanes

Juez denunciado por prevaricato se aparta

• Debía desarrollarse ayer la audiencia para suspender la detención preventiva solicitada por el cooperativista minero Josué Cari Cari, investigado como uno de los posibles autores materiales del asesinato a golpes del que fue víctima el ex viceministro Rodolfo Illanes, el 25 de agosto de 2016.


FAMILIARES DE RODOLFO ILLANES EN LA MISA QUE RECORDABA EL PRIMER AÑO DE SU ASESINATO.

El juez séptimo de instrucción en lo penal de El Alto, Héctor Quilla, determinó suspender las audiencias en el caso que se sigue por el asesinato del exviceminisrto de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, luego de que la familia de la víctima lo notificara con la denuncia que interpuso en su contra por el delito de prevaricato.

En el juzgado de Quilla, debía desarrollarse la indicada audiencia, solicitada por el cooperativista minero Josué Cari Cari, investigado como uno de los posibles autores materiales del asesinato a golpes del que fue víctima Illanes, el 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro, en el camino La Paz – Oruro.

El documento dirigido a Quilla, presentado ayer en la audiencia instalada a las 14:30 horas, señala que “ante las irregularidades advertidas en el proceso, presentamos denuncia penal en su contra (ante la Fiscalía Departamental) por el delito de prevaricato, aspecto que pongo a su conocimiento a fin de que asuma las determinaciones legales que corresponda”.

Jalith Mariño, apoderada de la familia Illanes, informó a EL DIARIO que el juez Quilla tomó conocimiento de la denuncia pero no se allanó a la misma y, al contrario, de forma también irregular, definió remitir los antecedentes de todo el proceso al juzgado siguiente.

ANTECEDENTES

La familia del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, presentó denuncia contra el juez séptimo de El Alto, por considerar que existieron irregularidades en la resolución 438/2017, que dictó el 23 de agosto de este año, mediante la cual permitió la salida de la cárcel de los cooperativistas mineros Clemente Colque y Paulino Layme, involucrados  en el asesinato de la extinta autoridad.

La resolución fue revocada el pasado 30 de octubre por el presidente de la Sala Penal Cuarta, Yvan Córdova, quien ordenó que los dos cooperativistas, que estaban detenidos, retornen a la cárcel de Patacamaya, debido a la existencia de dos riesgos procesales que no fueron desvirtuados por la defensa de los mineros y que Quilla incurrió en una mala valoración de los indicios presentados.

“Asimismo, se llama severamente la atención al juez séptimo de instrucción en lo penal, cautelar de la ciudad de El Alto, Héctor Quilla, por la emisión de providencia (…), que quebranta todo marco de razonabilidad (…) advirtiendo que de reiterarse esta conducta, se remitirá antecedentes a Régimen Disciplinario para el procesamiento correspondiente”, decretó Córdova en esa ocasión.

Ese es el antecedente por el que la familia Illanes presentó ayer la denuncia y se la notificó a Quilla, quien ahora deberá asumir su defensa ante la Fiscalía.

En el mismo caso y en relación a la salida de la cárcel que se le concedió a los mineros Colque y Laime, la familia Illanes también recusó al fiscal Javier Flores, a quien cuestiona haber asegurado que las investigaciones habían concluido, pese a que hasta el momento no se conoce de una resolución conclusiva.

 
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