Presidenta de Parlamento se defenderá en libertad

Madrid.- Un juez del Tribunal Supremo español fijó ayer una fianza de 150.000 euros (unos 175.000 dólares) a la presidenta del Parlamento de la región de Cataluña para evitar su ingreso en prisión, después de que la Fiscalía pidiera cárcel por los delitos de rebelión y sedición.

Varios integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico catalán prestaron declaración ante el Supremo por su papel en la declaración de independencia aprobada en esa Cámara autonómica el 27 de octubre, que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

El juez Pablo Llarena da una semana de plazo a Forcadell para que abone la fianza que la ha impuesto.

FISCALÍA

La Fiscalía pidió ayer el ingreso en prisión sin fianza para la presidenta del Parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, y tres diputados pertenecientes a la Mesa, que es su órgano rector, por su papel en la declaración de independencia aprobada en esa Cámara autonómica el 27 de octubre.

La petición de la Fiscalía llega después de varias horas de interrogatorio a Forcadell y seis antiguos integrantes de la Mesa del Parlamento catalán, disuelto ese mismo día por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional

MEDIDA

Aparte de Forcadell, los afectados por la medida de prisión sin fianza son los parlamentarios Lluis Corominas, Lluis Guinó y Anna Simó por facilitar asimismo con sus votos el proceso independentista.

El ministerio público pide prisión eludible con fianza para la diputada Ramona Barrufet y dejar libre al diputado Joan Josep Nuet, que alegó haber votado en contra de la tramitación de esa declaración.

AUDIENCIA

Además, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena debe en las próximas horas decidir la suerte de los seis encausados, que están acusados por la Fiscalía de rebelión, sedición y otros delitos.

La comparecencia de los seis investigados ante el magistrado Llarena se ha desarrollado ayer durante varias horas después de un aplazamiento de una semana, solicitado por los diputados catalanes con el fin de tener tiempo para preparar sus defensas.

El delito de rebelión, el más grave por el que se investiga a los parlamentarios tras la denuncia de la Fiscalía, conlleva hasta treinta años de cárcel, según el Código Penal español. (EFE)