El Tribunal Supremo español ordenó ayer la libertad de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras depositar la fianza de 150.000 euros (174.000 dólares) impuesta el jueves por el juez que la investiga por, entre otros, el delito de rebelión por tramitar la declaración de independencia de Cataluña.
Ahora, un funcionario judicial debe entregar el auto en la prisión madrileña de Alcalá Meco, donde Forcadell pasó la noche, para que se haga efectiva su salida.
El magistrado del Supremo Pablo Llarena le impuso además la obligación de entregar su pasaporte en el Supremo, cosa que ya ha hecho su abogado, y la obligación de comparecer de manera regular ante un juzgado.
