Demanda internacional contra fallo TCP

La comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Trans (LGBT), anunció una demanda internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Boliviano por vulnerar los derechos humanos de este sector, manifestaron su repudió contra la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0076/2017 del 9 de Septiembre de 2017.

Shantal Cuellar, secretaría ejecutiva de la coalición boliviana del LGTB, quien se benefició de la ley de género, lamentó que por sólo por ser trans se les quiten sus derechos en acto total mente discriminador y transfóbico, “el carnet de identidad que tenemos las personas trans quedarán en carnets de alasitas porque sólo tendrán el nombre y la imagen después no nos va a servir para nada”, señaló.

Manifestó que según la sentencia no se podrá ejercer ningún derecho ni para conseguir empleo, buscar educación, “a partir de esta sentencia ya no somos ciudadanos”, aseguró que con la determinación anunciada se está quitando el derecho al estudio, trabajo, política, entre otros.

Aseguró que el movimiento LGTB sumando a las organizaciones de derechos humanos iniciará diferentes actividades para pedir el repudió hacia los fundamentalistas religiosos que realizaron la demanda de inconstitucionalidad a la Ley 807.

BOCHORNO

Calificaron de “bochornoso” el accionar del Tribunal Constitucional porque están violando el artículo 14 de la Constitución Política del Estado (CPE), siendo que algunos de ellos parte de la diversidad, mencionó que tales autoridades se encuentran manejando un doble discurso, lamentó que no trabajen por sus propios derechos.

Detalló que alrededor de 6.000 personas transexuales y trans género que se ven afectados por la determinación del TCP.

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

Entre tanto, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) mediante su Asesora Legal, Susana Inch indicó que la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Ley de Identidad de Género se enmarca en el respeto y protección de la familia

“Se ha respetado la premisa constitucional de la protección a la familia natural. La ley fue debatida de forma tan arbitraria, bajo tanta presión que no permitió que pueda respetar el ámbito constitucional, tampoco EL derecho al debate y la opinión, lo que ha determinado que el Tribunal Supremo Electoral emita una decisión tan fuera de lugar como que disponga la realización del matrimonio. La resolución del TCP permite que se haga prevalecer la Constitución y todo lo que se refiere a la protección de la familia, lo cual es muy positivo para la Iglesia”, aseguró Inch.