La intervención de Cataluña

Carles Puigdemont es algo así como una papa caliente en Bruselas. El gobierno belga e incluso algunos de los representantes del nacionalismo flamenco -su aliado-, después de algún dislate, no esconden su incomodidad por la presencia en su suelo, desde hace dos semanas, del depuesto presidente de la Generalidad de Cataluña.

Desde Bruselas, Puigdemont ha lanzado una campaña contra la credibilidad de la democracia y el estado de derecho españoles, sin precedentes desde el inicio de la nueva era democrática de ese país, hace cuatro décadas.

Insiste en que la decena de detenidos vinculados a su disuelto gobierno -por rebelión, sedición y malversación de fondos- son “presos políticos”, pese a que, hasta el cansancio, la justicia española le ha aclarado que no se trata de presos políticos sino de políticos presos. Oriol Junqueras, el verdadero cerebro del independentismo catalán de esta última década, es el más ilustre de ellos.

Ahora, Puigdemont, a quien se caracteriza más por su fanatismo que por su inteligencia, y últimamente por su falta de valor, por haber huido de Cataluña para no enfrentar la suerte de Junqueras y otros de los ministros de su gobierno, sostiene que en Bruselas conformará una “estructura estable de gobierno”, a la espera de que un juez belga determine –tiene hasta fines de diciembre- si procede a su deportación a España, donde le espera una justicia que no parece reservarle más contemplaciones que las que tuvo cuando mandó a prisión a sus colaboradores.

Con el agregado de que, como el presidente de la Generalidad, el consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que firmó la declaración de independencia de esa región del noreste de España hace un mes, contraviniendo principios elementales de la Constitución española y de los propios estatutos autonómicos catalanes, su suerte parece más complicada.

La respuesta del Senado Español, por acuerdo del oficialista Partido Popular (PP), su aliado circunstancial Ciudadanos y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por primera vez en la historia española, que establece la intervención de una comunidad autónoma. Esto implicó la disolución del Gobierno catalán, la toma de las riendas de su administración por parte de Madrid, el descabezamiento de su policía regional y la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre.

Contradictoriamente, Puigdemont, lejos de desconocer esas medidas, y en especial las elecciones, se ha manifestado dispuesto a participar en ellas desde Bruselas. Lo propio hicieron varios detenidos y procesados en libertad del independentismo, como Junqueras, que demanda su liberación para poder hacer campaña.

En el medio quedaron, en poco y nada, distintos intentos de lograr alianzas entre las fuerzas separatistas. En concreto, no estará ya la gran coalición de la derecha e izquierda regionales, ambas independentistas, mientras que el anarquismo secesionista, que se asoció a ellas a condición de proclamar la independencia, volverá a presentarse por cuenta propia.

En un centro incómodo se encuentra el chavista Podemos, que a menudo coquetea con el separatismo. Y del lado de la oposición al separatismo, también conocidos como partidos constitucionalistas, están el PP, Ciudadanos y el PSOE.

Ciudadanos ha insistido hasta último momento en conformar una coalición para enfrentar al secesionismo, pero ni el PP ni el PSOE se avinieron a un acuerdo. Desde Ciudadanos y el PP ven posible un acercamiento poselectoral, pero temen que el PSOE catalán termine negociando con los separatistas.

Ciudadanos tiene una carta fuerte en su candidata a presidenta, Inés Arrimadas, aunque de momento las encuestas le dan el segundo lugar en las quinielas, con la izquierda secesionista a la cabeza, si bien al día de hoy no ha designado candidatos.

Igual, el gobierno español ha advertido ya que si vuelve a ganar el separatismo e intenta seguir la proclama de Puigdemont, volverá a intervenir Cataluña.