Muerte del bebé Óscar Alexander continúa impune

La tarde del 13 de noviembre de 2014, en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Juan XXIII, vencido por tres paros cardiorespiratorios, el corazón del bebé Óscar Alexander dejó de latir.

El deceso del bebé aún sigue en proceso judicial, y la sentencia aún no se dicta, debido a una serie de dilaciones, que interponen los jueces, acusadores y acusados.

La muerte del bebé de ocho meses cambiaría la vida de al menos 18 familias y otro número de autoridades, cuyo trabajo quedó cuestionado ante la consternación nacional que causó el informe de la perito forense Ángela Mora, que señalaba una supuesta violación.

Según la teoría de la Fiscalía, el abuso se dio esa madrugada al interior del Hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús), dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación de La Paz, donde el niño había llegado “rescatado” de la calle.

Ese informe, resultado de una revisión superficial de breves minutos cuando el menor aún tenía vida, fue la base de un caso que hasta la fecha no tiene una sentencia y tiene en el banquillo de los acusados a tres personas, el médico Jhiery Fernández y la enfermera Lola Rodríguez, ambos del Virgen de Fátima, además de la doctora Sandra Madeni, médico internista del Hospital de Niño, donde el bebé fue atendido y vuelto a la vida antes de ser derivado al Juan XXIII.

INFORMES

Luego de la presentación de informes complementarios, la primera comisión de fiscales había desestimado la supuesta violación del menor.

Pero la falta de una explicación a lo que había sucedido con el menor, y las imágenes de un sangrado profuso en la región anal del bebé, que circuló por medios de comunicación, volcó la presión mediática hacia el Ministerio Público que por instrucciones del fiscal general, Ramiro Guerrero, se destituyó a fiscales y separó a otros.

El caso quedó a cargo del actual fiscal departamental, Edwin Blanco, y su subordinada Susana Boyán, quienes, hasta el 15 de diciembre del 2014, aprehendieron e imputaron a más de 14 personas, funcionarios del Sedeges, el Hospital del Niño y el Juan XXIII, entre enfermeros, choferes de ambulancia, pediatras y porteros.

Esa fecha culminó con la detención preventiva, en el penal de San Pedro, del médico Fernández, sindicado de la supuesta violación y a quien los fiscales calificaron de pedófilo porque a sus 34 años era soltero; presumían que fue el único varón en el lugar de los hechos y como prueba tenían las muestras de PSA (Antígeno Prostático) tomados en la autopsia, de donde aseguraron extraerían el ADN para corroborar que este elemento, que es parte del líquido seminal de los varones (semen), le pertenecían al médico.

TRES AÑOS

A tres años de esa conferencia de prensa, donde la Fiscalía transgredió la “reserva judicial” con la cual se escuda para no brindar declaraciones sobre el tema, esos argumentos han sido rebatidos en el marco del juicio oral que se tramita en el Tribunal Décimo de Sentencia, según la explicación de los abogados de Fernández, Mónica Palma y Cristian Alanes.

AUDIENCIAS

Al contrario, en las primeras cuatro audiencias ante los tres miembros del jurado, los tres acusados señalaron varias irregularidades en las que incurrieron los fiscales Blanco y Boyán, respecto de cobros de dinero, visitas clandestinas a los imputados y el intento de hacer firmar una confesión redactada en la Fiscalía de Distrito. Datos proporcionados en presencia de observadores acreditados para asistir a las audiencias.

La siguiente irregularidad dentro del juicio fue la declaración anticipada de Mora, a quien Blanco y Boyán presentaron como “testigo” para evitar que sea cuestionada de forma técnica por su trabajo como perito forense. Mora abandonó el país ante una repentina “beca de estudios en el exterior”, pero en una especialidad de oftalmología.

“Gracias a testigos que el Ministerio Público ha presentado en su momento, hemos podido establecer que ni siquiera ha existido violación. Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha presentado prueba alguna que demuestre la posible violación o elemento de prueba que haga creer que mi cliente haya participado en el hecho”, declaró Alanes, en septiembre de 2016 cuando la fiscal Boyán intentó anular el proceso recusando a dos de los jueces.

INJERENCIA

Entre los archivos a los que tuvo acceso EL DIARIO, se tiene un informe mano escrito de una funcionaria judicial, del que se extrae que Boyán presionó a una miembro del Tribunal Departamental de Justicia para que su recusación sea admitida en un horario irregular.

Realizada la audiencia, la recusación fue rechazada y el intento calificado de “acción desesperada”.

A partir de esa recusación, el caso no avanzó pues se han presentado una serie de hechos desde el cambio de dos secretarias de este tribunal, la baja médica por gestación de una de las jueces, además que los días de audiencia han sido reducidos ante el incremento de causas asignadas a ese tribunal.

PROCESO

Suleyka Lanza, abogada de Sandra Madeni, informó que de no haber mayores dilaciones el caso debería concluir con una sentencia en dos meses, pero ante la cercanía del receso judicial y posibles suspensiones, el proceso podría concluir en 2018.

En ese contexto, la defensa sostiene que de confirmase la falta de evidencias contra sus defendidos, la muerte de Alexander quedará impune, pues la investigación fue direccionada a encontrar él responsable de una violación que no tiene prueba material ni posible autor.

Entretanto, Jhiery Fernández continúa purgando una condena sin sentencia en el penal de San Pedro, donde se gana la vida atendiendo a los internos y firme en su versión de ser inocente de este delito. “Confío en la justicia, pero no en las personas que la administran”, declaró el médico al inicio de este proceso.