Conexiones ilegales de agua potable

En la plaza La Paz, donde se encuentran las oficias de Epsas, se apostaron vecinos del Plan 3.000, quienes denunciaron la instalación ilegal de agua potable. Mientras que funcionarios de la entidad pública desmintieron dicho extremo.

Las conexiones del sistema de agua potable en el Plan 3.000, ubicado en el Distrito ocho, solo llegaría a beneficiar supuestamente a 50 familias, las cuales no responderían a asentamientos legales, según la dirigencia de los vecinos. Mientras que los representantes de la mencionada zona, aseguran que no son beneficiados todos los sectores, razón por la que exigen una ampliación de las instalaciones de agua potable que favorezca al sector.

URBANIZACIÓN LEGAL

“Es por eso que nosotros de manera pacífica nos hemos retirado de la reunión, porque directamente estamos siendo atropellados en nuestro derecho de establecer el reconocimiento de que sector corresponde o no a la zona. En horas de la tarde se determinará alguna determinación por parte de la dirigencia vecinal, porque hasta el momento se pretende reconocer una ilegalidad”, afirmó Edwin Laura representante de la urbanización Copacabana - 15 de Agosto

De acuerdo al representante vecinal, dicha urbanización sería legalmente constituida, reconocida no solo por la organización de Juntas Vecinales, Fejuve, sino por el propio Gobierno Municipal de El Alto, mientras que contrario a este aspecto, la gerencia de Epsas, supuestamente no permite el reconocimiento correspondiente.

CONCENTRACIÓN

La dirigencia que concentró en puertas de Epsas la mañana de ayer, cerrando ambos carriles de la avenida La Paz, aspecto que demostró una multitudinaria concentración de vecinos del D-8 quienes demandaron la conexión de agua potable a sus viviendas, recordando que en varias ocasiones, este sector se reunió con directivos de la entidad pública, pero nunca se pudo consolidar la obtención del beneficio.

“Uno de los compromisos es que se reconozcan a la urbanización Copacabana-15 de Agosto del Plan 3.000”, explicaron los representantes del sector a tiempo de abandonar las oficinas de Epsas, dando a conocer que supuestamente estarían siendo perjudicados por los procedimientos aplicados por la entidad pública, que no reconoce a la mencionada zona, aspecto que no permite que las familias puedan obtener la conexión de agua potable.

La dirigencia vecinal, advierte en definir una marcha dirigida a las oficinas centrales de Epsas en la ciudad de La Paz.

EMPRESA DE AGUA

Por su parte, la ingeniero Jenny Campos responsable de conexiones en Epsas, dio a conocer que en el D-8 de esta urbe, sector de Copacabana, se ejecuta un proyecto de agua potable, a través del programa “Mi agua cuatro”, cuyos beneficiarios se tienen a las zonas 18 de Mayo, 15 de Agosto y 30 de Septiembre, quienes han tenido acceso al mencionado proyecto, mediante las 726 conexiones de agua potable.

“En el desarrollo del proyecto han surgido otro grupo de vecinos que tienen divergencia con los vecinos de las zonas anteriormente mencionadas, aspecto que solo nos permite enmarcarnos en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), correspondiente al artículo 20, que establece: que el acceso universal a los servicios básicos, como agua potable y alcantarillado sanitario, ha atendido a los vecinos que están en divergencia, por ello hemos llegado también a atenderlo y ejecutar las conexiones domiciliarias, iniciadas el 31 de octubre del pasado mes”, detalló.

Coordinación y diálogo

En la aplicación del proyecto se ha presentado una oposición que hacen las tres urbanizaciones anteriormente señaladas, razón por la que en todo el tiempo en que se aplicó las conexiones, Epsas ha instalado mesas de coordinación y diálogo con la dirigencia vecinal de las urbanizaciones mencionadas, enmarcadas bajo la normativa sectorial y lo establecido en las normas constitucionales.

Para Epsas, la demanda de los representantes vecinales, de descalificar los proyectos de instalación de agua potable en beneficio de otros vecinos, solo por el hecho de tener posiciones divergentes, no puede ser un argumento legal que impida el servicio básico a urbanizaciones que en su momento presentaron la documentación al día, sobre la creación de una urbanización.