Reorganización de Comibol, ¿utopía?

Desde la fundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) simultáneamente con el decreto de nacionalización de las minas el 31 de octubre de 1952, hubo la intención de que administre y dirija con criterio empresarial las minas que eran de propiedad de los llamados “barones del estaño” y que, en todo caso, esa buena administración daría como resultado que sea “sostén de la economía nacional”; pero esas intenciones resultaron utópicas porque la gran empresa, fuente de muchas esperanzas, se convirtió, simplemente, en “agencia de empleos” de la militancia movimientista y de quienes eran favorecidos por el partido de gobierno.

La nueva empresa no siguió, ni por imitación, las políticas impresas por antiguos propietarios que ya tenían planificadas obras de prospección y exploración para nuevos cuadros que permitan una explotación científica de los yacimientos mineralógicos. Como dependencia partidaria, la empresa hizo crecer su planta burocrática, incrementó sueldos y salarios, descuidó normas elementales de una buena administración y tanto su pulpería como sus almacenes de maquinarias y repuestos, que estaban colmadas al 31 de octubre de 1952, empezaron a declinar en sus existencias hasta empobrecerse. Así las políticas revolucionarias partidistas llevaron a Comibol al desastre y, de estar proyectado que sea “sostén de la economía nacional” se convirtió en empresa dependiente del TGN, porque “había que cubrir sus necesidades con aportes de dinero, otorgación de créditos externos y otras formas de ayuda”.

Pasado el tiempo, en muchas oportunidades se decidió, inclusive en sesiones de gabinete del gobierno, “proceder a una reorganización total de la empresa y darle dinamismo y formas de ser eficiente, rentable y la empresa más poderosa del continente”; así, con planes faraónicos e intenciones, fue pasando el tiempo. Los buenos propósitos han sido muchos y hoy se pretende, nuevamente, “refundar” o ¿será reorganizar o reestructurar la empresa? El caso se muestra muy difícil porque, que se sepa, no se habrían realizado los estudios pertinentes y menos auditorías que establezcan la realidad y las futuras proyecciones.

Si hubiese efectivamente la intención de cumplir con la Comibol, se tomaría medidas urgentes como saber, mediante auditorias, su real situación, estableciendo las cuantiosas pérdidas y, además, mostrando a los responsables de los descalabros. Luego, que técnicos especialistas, si fuera posible con asesoramiento de entidades foráneas, planifiquen todo lo que debe hacerse, reducir drásticamente sus planillas y quedar con el personal estrictamente necesario -especialmente burocracia administrativa-; indemnizar conforme a ley al personal a ser retirado y proveerle, en empresas debidamente organizadas, de nuevos empleos. Todo ello es posible si efectivamente se quiere llegar a una situación en la que Comibol sea lo que originalmente se decidió y, aunque cueste reconocerlo, hacerlo bajo principios y políticas puestas en práctica por el sector privado y, mucho más, como lo hicieron los originales propietarios.