Revocan detención domiciliaria a exfiscal Saravia

En audiencia de apelación, la sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz resolvió revocar el beneficio de detención domiciliaria que se le otorgó al exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, en uno de los tres procesos que tiene en su contra.

De acuerdo con la resolución emitida por los vocales en Sala, las supuestas víctimas Herminio Pucho y Melquiades Mamani, denunciantes de extorsión, aún no cuentan con protección policial, por lo que Saravia se constituye en un riesgo para ellos.

CRONOLOGÍA

Hasta el 2016, el exfiscal anticorrupción Saravía, estaba a cargo de polémicos casos, entre ellos Martín Belaunde, Fondo Indígena, en el cual encarceló a gran número de dirigentes campesinos allegados al MAS y a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y el caso Consorcio Ganam – Mendoza.

Fue en este último caso en el cual se reveló una serie de irregularidades que terminó en el encarcelamiento de varios jueces y funcionarios judiciales pero solo en la destitución de al menos seis fiscales.

PRIMER CASO

En noviembre de 2016, los exclientes (cuando era abogado libre), Mamani y Pucho visitan en su oficina al fiscal y proceden a gravarlo en una conversación donde, además de pedir una devolución de dinero, piden “asesoramiento y que se les recomiende un abogado”.

El audio, respaldado por falsas autoridades originarias va a parar al Ministerio de Gobierno, Justicia y otros, dando inicio a una primera denuncia en su contra por el delito de extorción.

En los días siguientes, el fiscal departamental, Edwin Blanco, ordena retirar a Saravia de la unidad Anticorrupción y el personal de confianza también es alejado y derivados a cargos inferiores.

SEGUNDO CASO

El 14 de noviembre, en un operativo por demás irregular donde Saravia pasa de denunciante de extorción, ha denunciado, el exfiscal es aprehendido y luego enviado a la cárcel.

Ya en la cárcel, Saravia es cautelado por el segundo caso y también se determina la detención preventiva, sumando dos las ordenes de mantenerlo en San Pedro.

DOMICILIARIA

Hace algo más de dos meses, en el segundo caso, la juez primero anticorrupción, Cinthya Delgadillo, concedió el beneficio de la detención domiciliaria, misma que fue apelada por los denunciantes. Sin embargo, Saravia no había logrado salir de la cárcel de San Pedro donde se encuentra recluido, debido al segundo proceso.

VOCALES

“Los vocales han razonado, indicando que los elementos de prueba que hemos presentado, no son suficientes para desvirtuar un riesgo procesal vinculado al peligro a la víctima”, detalló Ernesto Jáuregui, abogado del exfiscal a la conclusión de la audiencia de apelación que se desarrolló el pasado jueves 16 de noviembre.

RIESGO

De acuerdo con la explicación, es la Fiscalía Departamental quien debe emitir una resolución para proteger a las supuestas víctimas, pero a la fecha no lo ha hecho.

El jurista asegura que pese a la resolución en contra de Saravia, activa una serie de recursos para absolver las observaciones hechas por la Sala Penal.

PERSECUCIÓN

Para Jáuregui, la sumatoria de denuncias tiene como única finalidad mantener a su defendido en la cárcel, en una persecución judicial que se le realiza por supuestas amenazas de gente que él envió también a la cárcel.

En las audiencias a las que fue sometido, Saravia sostiene que todas las denuncias en su contra surgen a raíz del caso “Consorcio Gaman - Mendoza” pues los abogados de las víctimas son asociados de algunos de los involucrado, hecho negado por Saúl Villarpando abogado de Mamani y Pucho.

SILENCIO

Respecto al estado de los varios casos que Saravia dejó pendiente, la Fiscalía ha negado toda información sin dar mayor explicación, pero queda el antecedente de que al ser recluido Saravia, en los procesos que tenía a su cargo, los imputados han logrado beneficiarse con medidas sustitutivas.

El caso más notorio, es del Fondo Indígena, que no tiene avances en la investigación y una de las implicadas, Nemesia Achacollo, logró la detención domiciliaria, por lo que el diputado Rafael Quispe exige la renuncia del fiscal departamental, Edwin Blanco.