La falibilidad humana, que es inherente a cualquier institución que se ve perjudicada, es algo que ataca mucho a funcionarios del sector público de cualquier gobierno y las Fuerzas Armadas, por el hecho de obrar verticalmente y conforme a disciplinas establecidas por sus reglamentos, muchas veces en la historia del país ha sido campo de errores cometidos y que han perjudicado al país y a la propia entidad militar. Los ejemplos recogidos con gobiernos legales y de facto encabezados por militares, son múltiples.
En días pasados, en una audiencia de Rendición Pública de Cuentas Parciales de este año 2017, se reveló, por parte del director jurídico del Ministerio de Defensa, que “en los procesos más relevantes de corrupción en las Fuerzas Armadas se ha establecido un daño económico de casi 40 millones de dólares”. El primer caso es el denominado “barcazas chinas (Enabol) en el que 21 personas están implicadas en la compra fraudulenta de 16 barcazas y dos empujadores, ocasionando un daño económico de $us 28,9 millones y los involucrados fueron acusados de diversos delitos…”. Otro caso relevante es “la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército que dejó un daño económico de al menos 60.919.828 bolivianos, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país”. El tercer caso que tiene un proceso penal está referido a “cemento asfáltico: la irregularidad se suscitó en el Comando de Ingeniería del Ejército que ocasionó un daño de 10 millones de bolivianos. Otro caso es el de aviones T-33 por el que son procesadas varias personas…”.
Hay muchos casos que se ha relatado en los informes y muestran cómo la presencia de personas inescrupulosas en la entidad ha ocasionado serios perjuicios. Relatar cada uno de los casos sería muy largo y, simplemente, dejan claro que la corrupción actuó “diligentemente” en todo lo hecho, perjudicando seriamente al Estado. Para la opinión pública, basta ver el caso de las “barcazas chinas” en que estuvieron involucrados seriamente componentes de la Fuerza Fluvial y Lacustre; pero lo grave es que nunca se supo en qué quedaron las investigaciones y solamente se informó, de tanto en tanto, que “la recuperación de esas barcazas conjuntamente dos remolcadores” estarían en procesos de “devolución por parte del puerto chino en que se encuentran, mediante el pago de alquileres y otras gabelas”.
Lo grave de estos y muchos otros casos del pasado, es que los responsables no tienen sanción alguna y menos devuelven los montos que malgastaron o aprovecharon; en casos, hay culpables que, por su alta graduación, son premiados con embajadas y otros altos cargos. La impunidad es, pues, invitación para la consumación de otros hechos dolosos que luego son olvidados o colocados en la cuenta “dejar hacer y dejar pasar”.
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