II
Arturo D. Villanueva Imaña
No hay que olvidar que el gobierno lee equivocadamente la construcción de la carretera por medio del Tipnis como si se tratase de un asunto vinculado al crecimiento, el progreso y un tipo de desarrollo occidental y capitalista; pero sin reconocer dos aspectos de fundamental importancia. Primero, que su tozuda intención de construir la carretera en el Tipnis (que paralelamente también está asociada a megaproyectos como las represas del Bala-Chepete; Rositas, Tariquía, el tren bioceánico, etc.) está vinculada a lo que se ha dado en llamar los encadenamientos transfronterizos, que implican la expansión y ampliación de las fronteras de explotación y extractivismo a nivel continental.
Segundo, que dicha ceguera desarrollista también le ha orillado a rechazar explícitamente y no percibir el derecho que tienen a la autodeterminación, a la consulta, y sobre todo a decidir el tipo de desarrollo y la forma de vida, que los pueblos indígenas desean poner en práctica según su propia cosmovisión, el tipo de relacionamiento con el entorno y su propia cultura.
Ahora se enfrenta a un veredicto (y sentencia) mundial que establecerá si efectivamente cumple y garantiza aquellos derechos de la Madre Tierra que defendía y contribuyó a establecer como referente.
La encrucijada a la que lo ha llevado su tozuda intención de imponer el desarrollismo extractivista como modelo económico y solución a los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión (como si se tratasen exclusivamente de problemas vinculados al crecimiento y progreso capitalista); ya no se reduce a la caprichosa intención de construir una carretera, sino de atentar contra aquellos derechos de la naturaleza que el mismo gobierno ayudó a formular, pero que ahora adquieren un nuevo sentido porque también atenta contra la vida y a un medio ambiente sano al que tenemos derecho todos quienes compartimos el planeta. Es decir, trasciende aquel encapsulamiento que quiso ser infundido, de que el caso solo entrañaba un problema de vinculación territorial y desarrollo (en el sentido más prosaicamente entendido como crecimiento), cuando en realidad atañe al conjunto de la vida, el entorno socioambiental y los derechos de la naturaleza.
La resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional no solo visibiliza sus derechos conculcados, hace patente el grave riesgo de desaparición y etnocidio en que se encuentran; sino que expresa una profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el colonialismo.
Es decir que la gran vitalidad de los procesos de resistencia social emergentes, como el que plantean las comunidades y pueblos indígenas del Tipnis, no radica en la fuerza, la capacidad de movilización de mucha gente, o la enorme cantidad de población que aglutina y representa (tal como nos ha querido acostumbrar la “lógica” corporativista gubernamental que se asienta en el clientelismo y la cooptación de diversos sectores sociales numérica y demográficamente amplios), sino en el incuestionable razonamiento, la justeza de la causa y la contundencia y autenticidad de la verdad que defienden y por la que luchan.
El menosprecio o íntima convicción de que este movimiento de los pueblos indígenas podía ser fácilmente sometido, derrotado o cooptado (tal como ha sucedido con otros sectores como resultado de sus prácticas clientelares), no parece haber tomado en cuenta que la fortaleza de las causas y las luchas finalmente radica en la justeza y la razón de los argumentos, más allá de la presión numérica y poblacional que se pueda ejercer.
Dimensión y profundidad de lo que se encuentra en juego
El nuevo plano internacional de la controversia sobre la construcción de la carretera por medio del Tipnis, que el gobierno de Evo Morales ha pretendido llevar como si se tratase únicamente de un problema de vinculación territorial que responde a legítimas aspiraciones de desarrollo de dos departamentos; ahora muestra la verdadera dimensión y profundidad de lo que en verdad se juega. Es decir, que si lo que se quiere es un país altamente dependiente y colonizado por intereses extractivistas, antinacionales y de carácter transnacional; o más bien un país que decide vivir en armonía con la naturaleza, respetando los derechos humanos y de los pueblos indígenas y un país, finalmente, que hará prevalecer su decisión de construir una vía alternativa al capitalismo depredador y el neoliberalismo extractivista.
No está en juego la imagen gubernamental, ni siquiera la estabilidad económica o el supuesto crecimiento y bienestar circunstancial que pueda emerger como resultado de la expansión extractivista y desarrollista que abandera el gobierno; es más bien una decisión acerca del futuro y el tipo de país que queremos, para demostrar que Bolivia está en capacidad y tiene la voluntad de establecer una relación armoniosa con la naturaleza, sentando las bases hacia el postcapitalismo. La contribución del movimiento y la resistencia de los pueblos indígenas en este sentido, no se limita por tanto a una denuncia internacional, y ni siquiera al legítimo derecho que tienen de defenderse contra este nuevo tipo de agresión e intento de sometimiento y etnocidio. En realidad es un desafío al paradigma predominante y una profunda interpelación al modelo desarrollista y extractivista vigente.
El gobierno de Bolivia tiene la palabra, y de la forma cómo responda y reaccione también definirá su propia identidad política, así como en gran medida el propio futuro del país.
El autor es sociólogo boliviano.
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