200 casos impunes de violencia contra colegiales

La Junta Nacional de Padres de Familia se movilizó ayer en protesta por la falta de atención y acciones por parte de las autoridades judiciales respecto de los cerca de 200 casos denunciados por hechos de violencia y agresiones sexuales contra estudiantes de unidades educativas.

El representante de los padres de familia, Franklin Gutiérrez, repudió el accionar de los fiscales a cargo de las denuncias a tiempo de señalar que “pareciera que la justicia hace un negociado con los delincuentes y los dejan en libertad”. Los tutores expresaron su impotencia para resolver los casos de violación, secuestros y asesinatos contra adolescentes escolares y la falta de compromiso de la justicia frente a estos hechos.

Gutiérrez aseguró que los padres de familia se movilizarán las veces que sean necesarias para frenar las agresiones contra sus hijos. En tal sentido, pidió al ministro de Justicia, Héctor Arce, que apoye al sector deteniendo y no dejándolos libres a los autores de los delitos.

SEGUIMIENTO CONJUNTO

En atención a la demanda de los padres de familia, el titular de Justicia, Héctor Arce, citó a los padres de familia para realizar un seguimiento de los casos delincuenciales de los que fueron víctimas sus hijos.

“La movilización surgió por los casos de violación, acoso, agresiones que quedan en la impunidad. Recientemente hemos sufrido la muerte de una estudiante que era la hija de uno de nuestros dirigentes y el proceso no avanza porque han hecho perder los libros de investigaciones. Por eso y otras cosas vamos a marchar pidiendo justicia”, afirmó.

Esta movilización contó con la masiva concurrencia del macro distrito Max Paredes, sin embargo, apuntó que en caso de que no se encuentren soluciones favorables las movilizaciones se masificarán y se unirán todos los macrodistritos.

Afirmó que los progenitores defenderán a sus hijos y no permitirán que sus hijos queden impunes, saldrán a las calles y en caso de ser necesario harán justicia con sus “propias manos” toda vez que la justicia no actué de forma oportuna, advirtió el dirigente.

Los padres y tutores de escolares pidieron privación de libertad de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los asesinos y violadores de menores.