Ficción con las barcazas

Han transcurrido siquiera unos cinco años de la ficción sobre la compra de 30 barcazas, cuyo valor fue pagado por adelantado y no llegan hasta hoy, porque el Gobierno no hace lo suficiente para evitar que sea estafado el país. Sorprende más que no le preocupe que la pérdida sufrida ascienda aproximadamente a 30 millones de dólares.

Es inadmisible que a las autoridades del sector económico no les preocupe semejante pérdida. Se puede prescindir de las barcazas, pero en ningún caso de semejante cantidad de dinero, cuando hace tanta falta para atender las múltiples necesidades que se confronta en salud, particularmente.

Esta experiencia, sin embargo, no es única. El Gobierno gastó casi mil millones de dólares para instalar en Bulo Bulo, Cochabamba, una plantea de urea, de la que se informó en las últimas semanas que estaba ya en producción, pero ocurre que el consumo nacional de este recurso es de solo el 10 por ciento, respecto a la producción de la planta.

Empero, el caso es que para exportar semejante excedente se requiere contar con una línea férrea, para llegar a los diferentes mercados del país, con el propósito de estimular su demanda, aunque principalmente para llegar al exterior.

Este caso se suma a otros, como del ingenio azucarero en San Buenaventura, en el norte de La Paz, donde no existe la materia prima adecuada y suficiente, empero no se tuvo reparo en invertir 300 millones de dólares.

Otro tanto sucede con otras empresas públicas, las cuales operan a pérdida o por lo menos no cubren necesidades perentorias del consumo nacional. Por tal razón, se trata solo de obras superfluas, con el agravante de que implican un gasto fiscal estéril, pero fundamentalmente irracional.

Esta forma dispendiosa de utilizar los recursos estatales, sin los justificativos del caso, se presta a que surjan las sospechas de corrupción, extremo al que nadie quisiera llegar, porque es una forma de poner en duda la honestidad y eficiencia de las autoridades gubernamentales.

En el entendido de que se trató solamente de falencias funcionarias, lo pertinente sería que el Gobierno someta a los juicios correspondientes a quienes incurrieron en ellas. Si los comportamientos excedieran de simples faltas se pondrían de manifiesto en los juicios.

Acerca de las barcazas se produjo, al parecer, apenas un amago de juicio, pero éste, al menos, no se tradujo en las sentencias correspondientes. El caso no debe quedar en el olvido, a menos que haya compromisos inconfesables.

El caso de las barcazas colma de indignación pública, porque se sumaron tres inconductas administrativas: pago adelantando de 30 millones de dólares, juicio de apariencia contra los presuntos autores de la malversación y pérdida definitiva de ese monto de dinero, con lo que se pone de manifiesto complicidades delictivas o indiferencia que llega a la irresponsabilidad, a menos que el Gobierno tenga motivaciones propias para ser tan indiferente con la pérdida de tanto dinero, como si en Bolivia importara un comino el despilfarro de los fondos públicos.