Preliminares de la elección de las autoridades del Órgano Judicial no están exentas de polémica entre el oficialismo y la oposición. Tratándose de una elección de características especiales, se viene prestando a criterios e interpretaciones que no dejan de tener una dosis de parcialización en los órganos asignados a su administración.
Para empezar, diputados opositores han efectuado denuncias contra candidatos que incumpliendo la normativa correspondiente, se lanzan a promocionarse con la exhibición de sus presuntos méritos, incurriendo algunos en una franca petición de voto a su favor. Estos aspectos propagandísticos están expresamente prohibidos, y según la Ley de Régimen Electoral (LRE), solo el Órgano Electoral puede difundir los currículos de los postulantes. A diferencia de la anterior elección judicial de 2014, el Tribunal u Órgano Supremo Electoral (TSE) y sus dependencias departamentales han multiplicado la difusión de los candidatos, en una profusa campaña que busca alentar el voto ciudadano a favor de los postulantes, harto desairado en la anterior consulta.
Estos organismos electorales o han rechazado las denuncias o las vienen postergando indefinidamente. El caso más exponencial es el del candidato Pastor Mamani, ex Supremo y actual pretendiente al Tribunal Constitucional Plurinacional, quien realiza una campaña de tipo político, obviamente identificada con el MAS. Como ministro del Tribunal Supremo no dudó en alabar al presidente Morales en un acto oficial en Sucre. Su situación debería agravarse porque su sobrino Idelfonso Mamani, siendo vocal del TSE habría firmado la resolución que rechaza las denuncias contra su tío, Pastor Mamani, situación que plantearía un caso de conflicto de intereses y otros. Sobre el Vocal existen denuncias de habérselo visto realizando propaganda mural en Potosí cuando Evo Morales era candidato.
La oposición, las redes sociales y grupos afines están tildados de hacer campaña por el voto blanco y nulo, constituyendo propaganda contra los candidatos en criterio de diputados del MAS y de este partido, con el argumento de que la LRE no permite hacer difusión en pro o en contra de los candidatos. Sin embargo, si dicha ley otorga las opciones de voto válido, blanco y nulo, la petición de estas dos últimas opciones puede ser lícitamente difundida. El MAS pide, además, se sancione a los responsables de la mencionada “campaña”. Algunos vocales del TSE han comulgado con estos extremos, compartiendo los argumentos oficialistas.
Creando enorme e indebida expectativa sobre el tema de las referidas formas de voto, el TSE ha remitido el caso a un debate de Sala Plena para definir el tema, deliberación que no corresponde porque iría en contra de la LRE que, reiteramos, reconoce las 3 opciones de sufragio y su difusión no significa petición en contra de los candidatos. Se hace notorio que las presiones oficialistas sobre los organismos electorales son asimiladas u obedecidas por éstos, traducidas en sus dubitaciones, antecedente poco auspicioso hacia una elección transparente y confiable.
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