Corrupción: viento en popa

La ley Safco fue creada para proteger los bienes y recursos del Estado contra robos, desfalcos, fraudes etc. y lograr que los servidores públicos, cualquiera sea su jerarquía: Presidente, Vicepresidente del Estado, ministros, miembros de las FFAA, Policía Nacional, etc., estén obligados a responder por sus funciones y atribuciones, sean de orden ejecutivo, administrativo civil, penal, rindiendo cuenta documentada y transparente del destino y manejo de los recursos públicos que les fueron confiados.

La mencionada ley en teoría es plausible, pero en la práctica es ineficaz en varios de sus artículos, por su efecto contrario a las previsiones contenidas en dicha ley, por su poca efectividad en el control de la corrupción.

DISPOSICIONES QUE FRENAN

Citamos algunas disposiciones que frenan el control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado:

Artículo 14º.- Se prohíbe el ejercicio de “Controles Previos” por los responsables de la Auditoría Interna.

Suprimir el “Control Previo” significa dar rienda suelta a los ejecutivos de las instituciones públicas para disponer a su libre albedrío de bienes y recursos del Estado, sin control fiscal ni rendición de cuentas.

Artículo 15º.- La Unidad de Auditoría Interna NO participará en ninguna operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad de la Entidad.

La mencionada disposición limita al Auditor Interno cumplir con sus especificas funciones al hacerlo dependiente del ejecutivo estatal.

Artículo 53º.- Los Informes de auditoría que involucran al máximo ejecutivo de las instituciones públicas y los dictámenes de responsabilidad pronunciados por el Contralor deben ser enviados al Congreso Nacional.

Si la Unidad de Auditoría interna depende del Ejecutivo de cada institución del Estado, ¿el Auditor Interno tendrá la audacia de informar y denunciar actos de corrupción del Ejecutivo de la institución estatal? Por supuesto que NO, porque de hacerlo su retiro de la empresa o institución será ipso facto y aún es peor, cuando la justicia está “podrida”.

CORRUPCIÓN: VIENTO EN POPA

La descomposición moral de la sociedad provocada por la corrupción se propaga en las instituciones del Estado, es allí donde campea la inmoralidad, el prebendalismo, el libertinaje económico y la corrupción que hace temblar como tsunami la estructura económica del país.

Citamos algunos casos de corrupción registrados por la prensa nacional:

1.- YPFB

a) Caso taladros (148.7 millones de dólares).

b) 5.000 contratos sometidos a revisión por auditoría.

c) Caso insólito, la construcción de vagones para una línea de ferrocarril que NO existe, al respecto la prensa registra: “Una vez fracasado el contrato para construir la línea del ferrocarril Bulo Bulo – Montero por una empresa china, la Presidencia de YPFB mandó a construir vagones para un ferrocarril que no existe todo por un alto costo, es una forma de despilfarrar los dineros del pueblo boliviano”, etc. (ED-14-06-2017).

2.- Fondo Indígena

El Fondo Indígena, creado para el desarrollo productivo y social de los pueblos indígenas y campesinos, según información de la ex ministra Achacollo, recibió del Tesoro General de la Nación la suma de 3.197.482.681 Bs, equivalente a más de 460 millones de dólares, importe recibido desde el año 2006 al año 2014. Dicha suma se halla pendiente de rendición de cuentas por parte de los dirigentes indígenas y campesinos, asesores técnicos, quienes ya debieron estar aprehendidos por la Justicia.

3.- Banco Unión (37 millones de bolivianos).

4.- Aduana Nacional, transferencia de 2.930 toneladas de mercancías por valor de 18.169.073 dólares a los ministerios de la Presidencia y Economía y Finanzas, pendiente de rendición de cuentas, etc.

Al concluir, hacemos nuestra sugerencia:

a) La Ley Safco debe ser reestructurada.

b) Suprimir los contratos de obra por adjudicación directa, mecanismo que conduce a la corrupción, al pago de diezmos por “coimisiones”.

c) Exigir a los ejecutivos rendición de cuentas por manejo de los bienes y recursos del estado de acuerdo con la ley.

d) Evitar improvisaciones en cargos ejecutivos de las instituciones del Estado.

e) Proscribir definitivamente el despilfarro de bienes y los dineros del empobrecido pueblo boliviano.

El autor es Auditor Financiero, Miembro del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional.