Conflicto médico

La huelga de médicos y de otros profesionales del sector está demostrando que puede llegar a proporciones extremadamente graves, por cuanto las enfermedades no tienen límites ni puede prevenirse sus repercusiones.

La salud familiar y poblacional incide en todos las actividades, públicas y privadas, pero es más grave aún en el plano económico. De ahí que los organismos públicos y los núcleos familiares deben estar siempre muy atentos a las enfermedades, que por lo general suelen aparecer como casi insignificantes pero con los días que pasan su desarrollo y gravedad adquieren proporciones, al punto que ponen en riesgo la vida humana.

Las circunstancias actuales están demostrando que, además, pueden tener derivaciones desproporcionadas, como está sucediendo con la huelga general del sector de salud, que ayer adquirió una magnitud nunca antes experimentada. Felizmente no se consumó la amenaza de cerrar también las farmacias.

Prevaleció el buen sentido de no agredir a la población con semejante castigo.

Empero, la sola advertencia implicaba una desmesura, que hace temer la posibilidad de llegarse a momentos de ofuscación extremas, dejando a la población en la inermidad, sin margen de apelar a recursos de apelación. En este clima de excesos, aunque sólo sean temperamentales, la población está quedando en condiciones nunca antes ocurridas.

El Ministerio de Salud, que se supone está dotado de todos los instrumentos funcionales y operativos del caso, tienen que ser el más previsor en materias tan sensibles, como son las dolencias y enfermedades de la población. Consiguientemente, prever también que no se produzcan conflictos sociales en estas áreas de vital trascendencia.

Por los argumentos que esgrimen los médicos para mantener paralizados los servicios de salud públicos y privados, se puede establecer que hay mucha responsabilidad sobre los que acontece en los órganos públicos. Cuando se proyectan leyes, decretos y reglamentos sobre salud tienen que ser realistas y previsores.

Esto es que no vayan a afectar al funcionamiento de los servicios de salud y que, a la inversa, siempre se brinde la mayor protección posible a los profesionales del sector, en caso alguno llegar al extremo de atentar contra sus conveniencias en el desempeño de sus actividades. Más bien, debería existir la mayor preocupación oficial en rodearles de las mejores condiciones posibles de trabajo, en caso alguno aplicar regulaciones contraproducentes e irracionales, como está sucediendo en los orígenes del conflicto huelguístico actual.

Por lo demás, las autoridades de todos los orígenes y rangos tienen que asegurar que los servicios que están bajo su responsabilidades se desarrollen en las mejores condiciones, tanto en lo que concierne a la provisión de equipamiento e instrumental, como en los diversos aspectos que tienen los compromisos salariales.