La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias denunció la agresión de estudiantes de la Universidad Pública de la ciudad de El Alto (Upea) contra el periodista de la estatal Radio Patria Nueva, Gustavo Gandarillas, a quien arrebataron una grabadora portátil durante la jornada del miércoles 29 de noviembre.
Gandarillas cubría la protesta de los estudiantes que por segunda semana reclaman un incremento en la asignación presupuestaria para la casa de estudios. Cuando preguntó por las razones que motivaron la adhesión de los manifestantes a la campaña por el voto nulo durante la jornada de elecciones judiciales del domingo 3 de diciembre próximo, recibió golpes mientras un manifestante arrebató su grabadora.
Según relató a la Unidad de Monitoreo de la ANP, tras la agresión corrió detrás del atacante para recuperar el equipo de grabación pero de inmediato fue doblegado a golpes de puño y patadas hasta caer al piso vencido por la turba.
“Aún tengo dolor en el hombro”, expresó el periodista de la emisora estatal que describió varias agresiones, entre ellas un intento de estrangulamiento por acción de un estudiante; patadas en el estómago y extremidades inferiores.
El hecho registrado cerca del mediodía en la calle Loayza de La Paz fue observado por un grupo de ciudadanos que conminó a los manifestantes a la devolución de la grabadora portátil. Pero los estudiantes consumaron la segunda agresión al exigir que se borren las entrevistas logradas por Gandarillas. Bajo presión y amenaza, el periodista eliminó los archivos digitales de audio.
La ANP expresó protesta por el ataque, el despojo de la grabadora y la exigencia para la eliminación de los archivos de audio porque constituyen delitos penales comprendidos en el Artículo 293 que sanciona con reclusión a los responsables de amenazas y amedrentamiento; y el Artículo 294 que procesa a los autores de “violencia o amenazas graves” para obligar a una persona a hacer o tolerar aquello a lo que no está obligado.
La organización recordó a los manifestantes que el trabajo periodístico tiene la protección constitucional y exigió el respeto a la labor informativa de todos los periodistas y medios de información, sin discriminación alguna.
El pasado 22 de febrero, la ANP denunció que una emisora del gubernamental Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios (RPO) instalada en la población de Achacachi, fue acallada durante un asalto protagonizado presuntamente por vecinos de la zona. Los atacantes también agredieron al director del medio, Edwin Huanca, que presentaba heridas abiertas en la cabeza, una equimosis en el ojo izquierdo y policontusiones en el cuerpo, según su testimonio.
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