Sectores sociales convocan a resistencia pasiva y búsqueda de candidatos

Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita al presidente Evo Morales para su repostulación en las elecciones presidenciales, colectivos ciudadanos y oposición convocan a la residencia pasiva y la búsqueda de nuevos liderazgos políticos para el 2019.

“Exigimos reunirnos en una sola voluntad nacional, porque el Movimiento al Socialismo ha roto nuestra bandera y la democracia (…) por eso desde este jueves, 30 de noviembre, iniciaremos esta resistencia, con una marcha de repudio a la reelección indefinida de Evo Morales, por eso, el 3 de diciembre continuaremos esta lucha votando nulo”, resaltó Guillermo Mariaca, representante de uno de los colectivos ciudadanos.

Esta misma postura fue adoptada por sectores indígenas que no son afines al partido en Gobierno. Los campesinos de tierras altas y bajas conformaron el Consejo Indígena Originario Campesino para la “resistencia democrática”, quienes convocaron a todos los sectores sociales, a consolidar un frente partidario para las alecciones presidenciales de 2019.

ALTERNATIVA PARTIDARIA

El exalcalde La Paz, Juan del Granado, manifestó que es necesario determinar tres puntos de trabajo para la oposición de ahora en adelante, la primera es la movilización de la población, defender la democracia en las calles de manera pacífica.

Por su parte, Mariaca manifestó “que la resistencia de los movimientos ciudadanos partirá por denunciar, en los diferentes foros nacionales e internacionales, la pretensión del oficialismo de eternizarse en el poder”.

El segundo punto es que la población asista a las urnas este próximo 3 de diciembre para sufragar en rechazo al sistema judicial, por lo que convocó al voto nulo. Esto también fue sustentado por Del Granado, quien afirmó que esta jornada electoral se convertirá en un plebiscito.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, indicó que las elecciones judiciales y el dictamen del TCP son cosas distintas e invitó a la población a que elijan a las altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Por último, la propuesta de oposición y los sectores ciudadanos es la búsqueda de nuevos líderes políticos, para que sea el próximo contendiente de Evo Morales,

Para Mariaca, es “necesaria la configuración de una dirección política”; “nuestra primera responsabilidad es construir una dirección”, expresó. Este nuevo liderazgo se forjará en el proceso de recuperación de la democracia, tomando en cuenta que quedan aproximadamente dos años para las elecciones presidenciales.

Para Del Granado, esta renovación alternativa con miras al 2019 tiene que ser la oportunidad para acabar con el totalitarismo del partido gobernante. En ese sentido, coincidió con Mariaca que el nuevo líder se determinará en el proceso de la reinstauración de la democracia.

ÁMBITO JURÍDICO

Por su lado, el abogado constitucionalista William Bascopé manifestó que es posible solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que se active la Carta Democrática, para la reinstauración de la constitucionalidad. El artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA establece lo siguiente: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Como segundo punto es solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que esta instancia es la única que puede hacer esta interpretación y no así el Tribunal Constitucional.

El artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los únicos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, Del Granado planteó que los magistrados que suscribieron el fallo del TCP deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades por el delito de prevaricato, puesto que vulneraron a la Constitución Política del Estado, sin embargo, este proceso no será pronto porque la Justicia y el Legislativo está sometido al poder del ejecutivo.