En el momento de producirse la nacionalización de minas de estaño, en Bolivia no hubo capitales de origen norteamericano, destinados a controlar esa actividad extractiva, en aquellos centros afectados por la medida gubernamental. Esta versión histórica se encuentra inserta en un documento difundido por la embajada estadounidense con sede en la ciudad de La Paz (1).
En octubre de 1952, si hacemos memoria, el gobierno revolucionario, presidido por Víctor Paz Estenssoro, nacionalizó las minas de los Barones de Estaño, en la perspectiva de ejecutar políticas de transformación nacional.
La disposición oficial, que se inscribiría con letras de molde en las páginas de la historia boliviana, fue asumida tras la insurgencia popular del 9 de abril, del 52. Significó la recuperación de los recursos naturales, no renovables, por el bien común. Con esta actitud se honró uno de los objetivos que formulaba el conjunto de la ciudadanía.
El control de las minas nacionalizadas fue entregado a instancias de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que fue instituida para tal efecto.
Todo lo que se había confiscado, a título de nacionalización, en este sector, correspondía a la iniciativa empresarial de emprendedores, que arriesgaron vida e inversión. No importa que hayan sido bolivianos o extranjeros. Lo que importa es que sentaron las bases de una inquietud privada y generaron, asimismo, empleos, para la gente joven del agro, particularmente.
En consecuencia: la revolución nacional, con su controvertida nacionalización de minas, no ha mellado ninguna inversión norteamericana, por la sencilla razón de que no existía entonces. Ni ahora, como bien sabemos.
En este marco el Coloso del Norte vio de palco el desarrollo del proceso nacionalizador de las minas de Patiño, Hochschild y Aramayo. Y no se rasgó las vestiduras ante ese hecho de carácter histórico y trascendental que concitaba la expectativa de la comunidad internacional.
Es más. El respaldo norteamericano a la revolución nacional no se dejó esperar. Fue decisivo. Fue el oxígeno que le ha permitido avanzar en la consolidación de sus propósitos políticos. Fue inédito, indudablemente.
Por lo tanto: el país del Norte inició un programa masivo de asistencia financiera a Bolivia. “Entre 1952 y 1967, Bolivia recibió 400 millones de dólares en préstamos y donaciones de Washington, o sea más dólares per cápita que cualquier otra nación latinoamericana”, asegura aquella referencia.
En 1954 Estados Unidos determinó combinar su programa de asistencia técnica, destinada a Bolivia, con un programa de asistencia económica. En este contexto se construyó carreteras y se realizó otras obras en consonancia con los planes de desarrollo nacional.
Bolivia y Estados Unidos se integraron pese a las diferencias político ideológicas. Impulsaron una sola intención: el desarrollo de los pueblos con bienestar social. La potencia del planeta coadyuvó para que Bolivia salga adelante bajo los postulados de la revolución nacional. Su contribución fue valiosa.
En suma: Estados Unidos no regateó su concurso a un proceso revolucionario que pretendía introducir serios cambios.
(1) “Sumario de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Bolivia”. EL DIARIO, La Paz – Bolivia, 6 de agosto de 1975.
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