Es muy extraña la actitud del gobierno que cree que pueda haber inversiones en el país solo en base a la ley aprobada hace más de tres años, pero sin reglamento. Posibles inversionistas extranjeros esperan que haya un reglamento para la ley; idéntica posición es de los empresarios nacionales que si en los últimos años han invertido algo, ha sido simplemente para no paralizar sus actividades.
El hecho de que no se respete la institucionalidad es causa para el no estudio ni aprobación de reglamento de la Ley de Inversiones. Por esa carencia de institucionalidad, los actuales funcionarios del gobierno prácticamente han sido designados “a dedo” por el partido gobernante.
Personal no idóneo, incapaz de entender lo que corresponde en un Reglamento a la Ley de Inversiones, es imposible que pueda concebir lo que se necesita y, además, con seguridad no querrá el partido gobernante que se transcriba o copie siquiera partes de la antigua ley de inversiones; pero, en todo caso, el nuevo reglamento tiene que ajustarse a las actuales necesidades y a lo que la misma ley aprobada hace más de tres años tiene como requerimiento urgente.
El gobierno “anuncia, de palabra, que el país respetará” las inversiones foráneas y naturales, pero es una utopía porque está claramente establecido que las simples ofertas de palabra no sirven cuando se trata de cuestiones importantes, como es desarrollar políticas que permitan la inversión de capitales como el financiero, el tecnológico y el humano que requerimos con miras a crear riqueza y generar empleo. Los empresarios nacionales han reclamado muchas veces por el Reglamento, pero siempre encuentran solamente promesas en sentido de que “pronto será aprobada la medida que está en estudio”; una ley que, se supone, puede ser estudiada en cuestión de días o unas cuantas semanas.
Mientras en Bolivia “dormimos el sueño de los justos” esperando el reglamento a una ley aprobada hace mucho tiempo, nuestros vecinos han recibido partidas importantes de dinero y tecnología como inversión extranjera que les ha permitido mejorar la producción, utilizar mejor la tecnología propia en base a la que resulta parte de las inversiones y, además, han podido capacitar a mucho personal con miras a contar con el capital humano propio que con el tiempo maneje las empresas que, de momento, podrían estar dirigidas o supervisadas por personal extranjero.
Aprobar el reglamento para la Ley de Inversiones debería tener gran importancia para el gobierno y, si no se lo puede pensar y redactar, se lo debería hacer conjuntamente el empresariado nacional que cuenta con personas muy capacitadas y en casos inclusive asesoran en el extranjero.
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