Insisten en abrogación del Decreto 3385

A pesar del auto de buen gobierno por las elecciones judiciales, los médicos determinaron mantener la suspensión de los servicios, afirmaron que para entablar la negociación debe abrogarse el Decreto Supremo 3385 (Autoridad de Fiscalización) informó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

El representante del ente colegiado afirmó que el voto resolutivo enviado al Ministerio de Salud por Colegio Médico y todos los colegios de profesionales, pasado 28 de noviembre establece que para retomar el dialogó se debe abrogar el Decreto Supremo 3385.

La Ministra de Salud, Ariana Campero, invitó a la directiva del Colegio Médico de Bolivia restablecer el diálogo, el lunes cuatro de diciembre en la ciudad de Cochabamaba.

Larrea exigió que las negociaciones se desarrollen en la ciudad de La Paz debido a que en este departamento se encuentra la cartera de Estado y que los dirigentes nacionales también.

Afirmó que durante la jornada electoral continuará el paro médico y que los servicios de emergencia seguirán atendiendo de manera normal con personal reforzado.

REFORZAR SERVICIOS

Con relación al auto de buen gobierno, señaló que ese sector no se movilizará, a diferencia reforzarán los hospitales y los servicios de emergencia.

Respecto a la nueva invitación de la autoridad de Gobierno, Larrea expresó: “No podemos estar a disposición de la ministra de lugar en lugar, sin embargo será consultado con las bases”, señaló.

Manifestó que por el auto de buen gobierno las bases no podrán reunirse y que se evaluará la asistencia a la convocatoria de la Ministra de Salud.

Asimismo, Larrea explicó que la solución al conflicto del sector pasa por la anulación del Decreto Supremo 3385, establecer una mesa de diálogo y elaborar un nuevo decreto.

Aclaró que el sector salud no está en contra de la Fiscalización y que la exigencia es que el ente de control no lo maneje el mismo Ministerio de Salud y que además de fiscalizar al sector fiscalice también a las autoridades nacionales.

“Lo que exigimos es que haya un fiscalizador neutral, idóneo, profesional y que cumpla con los requisitos”, expresó.