Por devolución de impuestos el TGN adeuda a exportadores

Autoridades económicas del gobierno han asegurado muchas veces que “dan estricto cumplimiento a obligaciones con el sector productivo y exportador del país”; sin embargo, contrariamente a normas internas establecidas y sujeción a las de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tesoro General de la Nación no paga al sector exportador con la devolución de impuestos, es decir los Certificados de Devolución Impositiva (Cdeims) que sumarían más de 1.000 millones de dólares. (EL DIARIO 13/XI/17).

Los Cedeims son “títulos que expide la administración tributaria y que pueden ser transferidos a terceros; también se puede pagar impuestos con sus importes”. El sector exportador considera que es posible crear un mercado donde se transe en bonos estos valores y permitan asegurar liquidez a las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, la burocracia gubernamental tiene el criterio incomprensible porque “cuando una empresa inicia un trámite para la devolución, los funcionarios de impuestos internos consideran que sería un “regalo para los exportadores”, lo que no es así porque este procedimiento es parte de acuerdos que a nivel mundial rigen en el comercio de exportación y nuestro país es suscriptor de esos acuerdos.

El caso boliviano debe ser único porque, por ejemplo, Chile aplica la norma que establece la devolución en el término de 24 horas; por su parte, Perú y Colombia lo hacen en el lapso de 48 horas. Todos los países cumplen la norma en forma puntual porque es un derecho del sector exportador a percibir lo que legítimamente le corresponde. La Cámara Nacional de Exportadores considera que la deuda del TGN podría llegar hasta los 2.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años el sector exportador no ha logrado obtener la devolución como corresponde.

El problema es grave y la única explicación sería que el TGN no quiere cumplir con la norma o, peor, haya dispuesto de esos medios financieros en lugar de pagarlos como corresponde y en los plazos debidos. El caso crea antecedentes y obligaría a que muchos exportadores que estén en condiciones de exportar, no lo hagan por los incumplimientos del gobierno y, más específicamente, del Tesoro General de la Nación.

Se habla mucho de la urgencia de atraer inversiones al país; pero, cabría preguntar ¿si hay normas que no se las cumple en el país, qué confianza pueden tener quienes inviertan no solamente capital financiero sino también tecnológico y humano, habida cuenta que esas inversiones implicarían producción exportable?

El gobierno debería disponer que en el menor plazo se cumpla con los exportadores y se haga los pagos correspondientes; de otro modo cundirá una especie de pánico en quienes exportan confiando en que se cumplirá con ellos acatando normas de vigencia mundial.