Periodistas en estado de emergencia

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz, a través de comunicados, rechazaron ayer una nueva intención de vulnerar la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas, por el propósito de hacer aprobar en la Asamblea Legislativa una ley denominada de “Información Responsable”.

El anteproyecto, que fue redactado por Lucio Gómez, Leoncio Jancko Quispe, Manuel Mamani Quispe y Nora Fernández Rodríguez, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y el “secreto de fuente” de la Ley de Imprenta, vigente desde 1925.

Esta norma pretende procesar por la vía penal, civil y administrativa a los ejecutivos de los medios de comunicación, por difundir información que “dañe el prestigio o credibilidad de las personas”. Además que, a través de prejuicios, en sus consideraciones, da por hecho que los periodistas elaboran notas “hechas a medida de los intereses del dueño o director de un determinado medio”, por lo que se acusa de “corrupción” en las salas de redacción y que los profesionales de los medios reciben “pagos ilegales” y “regalos” que comprometen su labor.

Alude también a un “comportamiento antiético” en las investigaciones de prensa, “atropello de la privacidad, mal manejo de las fuentes, plagio, uso de engaños, edición distorsionada y manipulación de fotos”.

Ante esta nueva afrenta, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechaza el intento de penalizar el trabajo periodístico y el propósito de encarcelar a periodistas y ejecutivos de medios de información, con argumentos que violan los estándares internacionales y el marco legal creado en democracia. Asimismo, lamenta que los legisladores proyectistas desconozcan los alcances de las normas en vigencia, que protegen los derechos de los lectores y el trabajo informativo.

Asimismo, las insinuaciones y generalizaciones que atribuye al trabajo de periodistas y ejecutivos de medios masivos al sostener “las equivocadas acciones de manipulación, especulación y desinformación”.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) aseguran –mediante comunicado– que el proyecto es una reedición de la “ley mordaza”, impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista, con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta.

Agregan en el documento: “Denunciamos que el artículo 5 del anteproyecto ‘Ley de Información Responsable’, que señala ‘los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados’, atenta contra los intereses de los periodistas”.

Asimismo, alerta que esta propuesta del oficialismo pretende anular el artículo 8 de la Ley de Imprenta, que establece que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.

El proyecto de ley fue remitido a la Presidencia de la Cámara de Diputados, en fecha 21 de noviembre. Ayer, la ministra de Comunicación, Gisela López, a través de Twitter, expresó lo siguiente: “Siempre aposté y seguiré haciéndolo a la autorregulación en los medios de comunicación. Cualquier iniciativa legislativa relacionada a las comunicaciones debe ser debatida con el gremio, en sus diferentes organizaciones. Desconozco el proyecto de ley de la información responsable”.

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